La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha encendido las alarmas ante la detección de un preocupante esquema criminal denominado cartel de la insolvencia . Esta red, integrada por abogados y centros de conciliación, estaría facilitando el acceso indebido al mecanismo de insolvencia para evadir el pago de deudas, generando un fraude que ya compromete más de un billón de pesos.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtió sobre situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros . La insolvencia, un instrumento legal diseñado para brindar una alternativa a quienes enfrentan dificultades financieras, está siendo manipulada para beneficio de esta red delictiva.
El modus operandi consiste en contactar a personas con deudas, o incluso sin ellas, ofreciéndoles la posibilidad de no pagar sus obligaciones o de endeudarse con ese propósito. Los supuestos consultores o abogados, luego, se dedican a falsear deudas adicionales mediante la creación de empresas ficticias. Estas entidades simuladas generan acreencias para manipular el proceso de insolvencia y negociar en favor de los involucrados en el fraude, perjudicando a los acreedores reales.
Según Asobancaria, se ha identificado la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir requisitos y promover acuerdos lesivos para los acreedores. Además, se ha detectado que algunas personas registradas como prestamistas en estos procesos de insolvencia figuran en múltiples casos e incluso se encuentran privadas de la libertad.
Malagón destacó tres factores comunes en este esquema: el uso de redes sociales para la difusión, la promesa de condonación de la deuda y la implicación de centros de conciliación. Existe evidencia de una coordinación sistemática entre algunos abogados y determinados centros de conciliación para instrumentalizar el trámite de insolvencia con fines ilegítimos.
En los últimos dos años, se ha registrado un incremento significativo en las solicitudes de insolvencia con irregularidades. Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, enfatizó que la figura de insolvencia fue creada para personas en crisis real, no para evadir obligaciones. El mal uso de esta herramienta legal afecta la confianza en los deudores, incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito.
Además de las consecuencias financieras, esta actuación conlleva implicaciones penales y el reporte negativo en las centrales de riesgo. Las cifras de Asobancaria revelan un aumento alarmante en los casos de insolvencia. Hace una década, se registraban cerca de 400 casos, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 20.000 y se espera que este año supere los 30.000 procesos. El impacto económico ya supera el billón de pesos.
Asobancaria está trabajando para diferenciar las solicitudes legales de las ilegales y ha hecho un llamado a las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de control y supervisión. Asimismo, se insta a los ciudadanos a utilizar las herramientas legales de manera responsable.
La situación plantea un desafío importante para el sistema financiero y la justicia colombiana. La proliferación de este cartel de la insolvencia no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el marco legal que regula las relaciones crediticias. La investigación y desarticulación de esta red criminal se han convertido en una prioridad para proteger los intereses de los acreedores y garantizar la integridad del sistema financiero colombiano.
La alerta de Asobancaria busca generar conciencia entre los ciudadanos y las autoridades sobre los riesgos asociados al mal uso de la figura de insolvencia. Se recomienda a las personas que reciban ofertas de asesoría para evadir el pago de deudas que verifiquen la legitimidad de los consultores y abogados, y que consulten con entidades financieras y legales reconocidas antes de tomar cualquier decisión. La prevención y la denuncia son fundamentales para combatir este tipo de fraudes y proteger el sistema financiero colombiano.
