La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha encendido las alarmas ante el creciente uso fraudulento de los mecanismos de insolvencia en el país. Lo que originalmente fue diseñado como una herramienta para ayudar a personas con genuinas dificultades financieras, se ha convertido en un esquema para evadir obligaciones a cambio de comisiones, orquestado por lo que la entidad denomina un cartel de la insolvencia .
El gremio bancario ha documentado un aumento alarmante en los casos, pasando de apenas 200 hace diez años a un estimado de 20.000 en 2025, con proyecciones que superan los 30.000 para el presente año. Este fenómeno no se limita a las deudas bancarias, sino que también afecta al sector solidario, las fintech y las compañías de telecomunicaciones.
La investigación de Asobancaria revela que en los últimos dos años se ha producido un incremento significativo en las solicitudes de insolvencia, muchas de las cuales presentan irregularidades y evidencia de mala fe. El cartel opera a través de abogados asesores y centros de conciliación que recurren a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo legal.
Una de las prácticas más comunes detectadas es la creación de deudas ficticias con el único propósito de cumplir con los requisitos legales para iniciar un proceso de insolvencia y, posteriormente, promover acuerdos que perjudican a los acreedores legítimos. Además, se ha identificado la participación de individuos conocidos como quiroamigos , quienes se presentan como prestamistas en múltiples procesos de insolvencia, e incluso algunos de ellos se encuentran actualmente privados de libertad.
Asobancaria también ha detectado indicios de coordinación sistemática entre ciertos abogados y centros de conciliación, evidenciada en patrones repetitivos donde los mismos actores intervienen en múltiples procesos con inconsistencias. Jonathan Malagón, presidente del gremio, ha denunciado que existen personas en redes sociales que ofrecen asesoramiento para declararse en insolvencia con el fin de obtener beneficios, llegando incluso a financiar estilos de vida lujosos a cambio de una comisión.
Las consecuencias de estas prácticas fraudulentas van más allá del sistema financiero. Malagón advierte que el uso indebido de la insolvencia deteriora la reputación crediticia de los involucrados, genera reportes negativos en centrales de riesgo y restringe su acceso a futuros financiamientos.
Desde el punto de vista legal, el abogado Iván Cancino señala que quienes participen en estas maniobras, incluyendo abogados, deudores y prestanombres, podrían enfrentar cargos por concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento, con penas de prisión como posible consecuencia.
El impacto económico de este fenómeno es considerable. Asobancaria argumenta que estas prácticas socavan la confianza en los deudores, elevan las exigencias para otorgar crédito y, en última instancia, encarecen el costo del financiamiento. Esto se traduce en mayores barreras para aquellos que legítimamente necesitan acceder a soluciones financieras, afectando negativamente al sistema en su conjunto.
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, enfatiza que la insolvencia fue concebida exclusivamente para personas en situación de crisis real, no como un mecanismo para evadir obligaciones. Asimismo, advierte que los abogados que promuevan estos procesos de forma fraudulenta pueden enfrentar sanciones disciplinarias, incluida la pérdida de su licencia profesional, además de las consecuencias penales.
Ante esta situación, Asobancaria ha realizado un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de control y supervisión, y a los ciudadanos para que utilicen las herramientas legales de manera responsable. La entidad reitera que participar en este tipo de prácticas puede acarrear multas, sanciones disciplinarias y penas privativas de la libertad, al tratarse de conductas que implican engaño al sistema judicial.
La alerta de Asobancaria subraya la necesidad de una acción coordinada entre el sistema financiero, las autoridades judiciales y los organismos de control para combatir este creciente problema y proteger la integridad del sistema de insolvencia, asegurando que se utilice únicamente para aquellos que realmente lo necesitan. La situación exige una revisión exhaustiva de los procesos y una mayor vigilancia para evitar que el cartel de la insolvencia continúe operando y perjudicando a la economía colombiana. El gremio bancario se compromete a seguir trabajando en la identificación y denuncia de estas prácticas fraudulentas, y a colaborar con las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.
