La Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto reforzar la seguridad en puertos, aeropuertos, y fronteras ante la posibilidad de que Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros funcionarios investigados intenten abandonar el país. Esta medida se produce en el marco de la investigación por las irregularidades en la entrega de material electoral durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, y las denuncias de material perdido en distritos limeños como Surquillo, San Juan de Lurigancho y San Borja.
El director nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), teniente general PNP Manuel Lozada, emitió un documento el sábado 18 de abril, al que tuvo acceso RPP, ordenando a las unidades especializadas extremar las medidas de seguridad. Se busca asegurar la presencia policial y la asignación de recursos suficientes en puntos estratégicos para prevenir cualquier intento de evasión.
La decisión policial se fundamenta en la solicitud de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR PNP) al Ministerio Público. Esta solicitud busca que el Poder Judicial ordene siete días de detención preliminar para Corvetto y los demás implicados en las investigaciones. Además, se solicita autorización para realizar allanamientos en inmuebles y la incautación de bienes, con el objetivo de evitar la manipulación de pruebas y asegurar dispositivos digitales, oficinas y vehículos relacionados con el caso.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Quinto Despacho inició una investigación preliminar para determinar las responsabilidades penales por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción se ha sumado a la investigación, solicitando a la fiscalía que Corvetto y otros implicados sean incluidos en la calidad de investigados. Asimismo, se ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los involucrados, entre otras diligencias, para establecer con precisión las responsabilidades correspondientes.
La investigación se centra en las demoras en la entrega del material electoral y las denuncias de pérdida de dicho material en varios distritos de Lima. Las autoridades buscan determinar si hubo una colusión entre funcionarios de la ONPE para favorecer a determinados intereses o si se trató de errores administrativos. La magnitud de las irregularidades podría tener un impacto significativo en la confianza pública en el sistema electoral peruano.
La PNP ha desplegado personal adicional en los puntos de control fronterizos y en los aeropuertos internacionales, con el fin de vigilar de cerca los movimientos de Corvetto y otros funcionarios investigados. Se han establecido controles más rigurosos en la revisión de documentos de viaje y se ha reforzado la coordinación con las autoridades migratorias.
La investigación fiscal avanza a la par con las medidas de seguridad implementadas por la PNP. Se están recopilando pruebas documentales y testimoniales para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. La fiscalía espera contar con elementos suficientes para presentar una denuncia formal ante el Poder Judicial en los próximos días.
El caso ha generado una gran preocupación en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la transparencia del proceso electoral. Diversos sectores han exigido una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables de las irregularidades. La ONPE, por su parte, ha emitido un comunicado en el que se compromete a colaborar plenamente con las autoridades en la investigación y a tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.
En paralelo a estas investigaciones, la ONPE ha publicado los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales del 2026. Este proceso, realizado bajo la supervisión de notarios públicos, busca garantizar la imparcialidad y la transparencia en la conformación de las mesas de sufragio. La publicación de los resultados se realizó a través de la página web de la ONPE y en diversos medios de comunicación.
La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad de la ONPE para organizar elecciones transparentes y confiables. La investigación en curso podría revelar fallas estructurales en el sistema electoral y la necesidad de implementar reformas para fortalecer la institucionalidad y prevenir futuros incidentes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza pública en el proceso electoral y garantizar la legitimidad de los resultados.
