La reciente aprobación de una ley en México que facilita la inversión de las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) en proyectos de infraestructura ha generado una profunda preocupación entre expertos y trabajadores, quienes advierten sobre el riesgo de poner en peligro el ahorro para el retiro de millones de mexicanos. Si bien la ley se presenta como un mecanismo para impulsar la inversión y el crecimiento económico a través de esquemas mixtos público-privados, la realidad es que abre la puerta a que el dinero de los trabajadores sea destinado a proyectos con dudosa viabilidad financiera y un historial de sobrecostos y pérdidas.
Hasta ahora, las Afores ya podían invertir en infraestructura, pero la nueva legislación simplifica los procesos y ofrece mayores incentivos para hacerlo. Esto significa que hasta un 30 por ciento de los recursos administrados por las Afores podría ser canalizado hacia proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas e incluso obras de menor envergadura, como el sendero conmemorativo a Benito Juárez en Oaxaca.
La principal inquietud radica en que estos proyectos, promovidos en gran medida por el gobierno actual, han demostrado ser consistentemente no rentables. El Tren Maya, por ejemplo, reporta pérdidas millonarias diarias, mientras que la refinería de Dos Bocas no ha logrado operar a plena capacidad y el AIFA y el Corredor Interoceánico requieren constantes subsidios para mantenerse a flote. Invertir el dinero de los trabajadores en este tipo de obras, en lugar de buscar opciones más seguras y rentables, pone en riesgo la posibilidad de obtener un rendimiento adecuado al momento del retiro.
Es crucial entender que el dinero de las Afores no es propiedad del gobierno, sino el ahorro de millones de trabajadores que han contribuido durante años con la expectativa de tener una pensión digna. Estos recursos deben ser gestionados con prudencia y con el objetivo primordial de maximizar los rendimientos, minimizando los riesgos. La pregunta central es si las decisiones de inversión se tomarán con criterios estrictamente financieros o si estarán influenciadas por consideraciones políticas.
El historial reciente de grandes obras de infraestructura en México es alarmante. El AIFA, inicialmente estimado en 75 mil millones de pesos, terminó costando cerca de 100 mil millones y opera con pérdidas. La refinería de Dos Bocas, anunciada con un costo de ocho mil millones de dólares, ya supera los 16 mil millones sin operar plenamente. La cancelación del aeropuerto de Texcoco representó una pérdida de más de 330 mil millones de pesos, dinero que se sigue pagando con impuestos. El Tren Interoceánico ha implicado inversiones superiores a 70 mil millones.
En todos estos casos, los ingresos generados por las obras no son suficientes para cubrir los costos, lo que obliga al gobierno a recurrir a subsidios constantes con cargo a las finanzas públicas. Ahora, se pretende que las Afores financien proyectos similares, con la misma probabilidad de fracaso.
El caso del sendero Benito Juárez en Oaxaca ilustra aún más la falta de planificación y el derroche de recursos. Originalmente presupuestado en 181 millones de pesos, el proyecto finalmente costó más de 350 millones, sin considerar las necesidades reales de las comunidades locales. El sendero, construido con concreto hidráulico, piedra, miradores y cabañas, permanece prácticamente vacío, sin generar el flujo turístico esperado ni beneficiar a las poblaciones de la Sierra Juárez.
Este tipo de obras, impulsadas por motivos ideológicos en lugar de estudios técnicos y económicos rigurosos, son un claro ejemplo de cómo se puede desperdiciar el dinero público. Y ahora, se corre el riesgo de que el ahorro de los trabajadores se utilice para financiar proyectos similares.
La ley permite que hasta el 30 por ciento de los recursos de las Afores se destinen a infraestructura, pero no es obligatorio. Sin embargo, en un contexto de decisiones de inversión cuestionables, la desconfianza es comprensible. Es importante recordar que cuando una obra fracasa, el costo no siempre es inmediato, sino que se diluye en el tiempo, afectando los rendimientos de las Afores.
En un país con una alta inflación, la falta de rendimientos adecuados en las Afores puede tener consecuencias devastadoras para los trabajadores al momento de su retiro. Su pensión podría no ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas, a pesar de haber contribuido durante toda su vida laboral.
No se trata de oponerse a la inversión en infraestructura, sino de exigir que los proyectos sean bien planeados, bien ejecutados y, sobre todo, rentables. La infraestructura que necesita México debe ser aquella que realmente impulse el crecimiento económico y mejore la calidad de vida de la población, no obras faraónicas que solo sirven para engrosar las arcas de unos pocos.
La ley de Fomento a las Inversiones abre una puerta peligrosa. La clave está en garantizar que las inversiones se realicen con criterios estrictamente financieros y no políticos, y que se evalúe cuidadosamente la viabilidad económica de cada proyecto antes de comprometer el ahorro de los trabajadores. De lo contrario, el futuro de millones de mexicanos podría estar en riesgo.
