La administración pública de la República Dominicana ha experimentado un crecimiento sostenido y ascendente en su cantidad de empleados durante el periodo comprendido entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Según datos proporcionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la nómina pública, que en mayo de 2021 contaba con 628,277 empleados, se elevó a un total de 780,060 personas al cierre de mayo de 2026.
El análisis de las cifras revela una trayectoria de incremento constante año tras año. Para mayo de 2022, la cifra ascendió a 679,475 empleados; en mayo de 2023 alcanzó los 697,454; para mayo de 2024 se situó en 722,168; mientras que en mayo de 2025 llegó a 744,271, culminando en mayo de 2026 con los 780,060 registrados. Este ritmo de crecimiento se traduce en un promedio de casi 100 nuevos empleados incorporados a la nómina pública cada día.
En cuanto a la distribución del personal, los ministerios de Educación, Salud y Defensa concentran la mayor parte de la fuerza laboral, sumando más del 60% del total de la nómina pública. Sin embargo, existe una marcada disparidad entre la cantidad de empleados y el gasto salarial. El mayor gasto en salarios corresponde a la Presidencia de la República, con un monto de 270 mil millones de pesos, a pesar de contar con una plantilla de tan solo 2,074 empleados.
Por otro lado, se señala que ministerios considerados claves para el impulso del crecimiento económico del país, específicamente los de Agricultura y Obras Públicas, han recibido un apoyo muy tímido por parte de las autoridades en comparación con otras áreas.
Este crecimiento del personal público está estrechamente vinculado a un incremento abultado en el gasto público corriente. En el año 2021, este gasto ascendía a 521,124 millones de pesos, cifra que para el año 2026 se elevó a 1,308,196.7 millones de pesos, lo que representa que el gasto público corriente casi se duplicó en un periodo de cuatro años. Los factores principales que motorizaron este incremento fueron la propia nómina pública, el pago de los intereses de la deuda y las transferencias destinadas al sector eléctrico, entre otros rubros.
La sostenibilidad financiera de este crecimiento es motivo de preocupación, ya que una parte del endeudamiento externo se ha utilizado para cubrir el pago de dicha nómina. Esta situación es descrita como una "hipoteca financiera muy pesada" que recaerá sobre las futuras generaciones de dominicanos.
Desde una perspectiva analítica, se sostiene que la falta de una visión de Estado que comprometa a los gobiernos con un proyecto de nación ha permitido el auge de un populismo económico basado en la expansión de la nómina pública. Este fenómeno estaría perjudicando tanto a las generaciones actuales como a las venideras, generando un desorden financiero y presupuestario que afectará negativamente a las administraciones gubernamentales que asuman el poder a partir del año 2028.
Ante este escenario, surge la propuesta de que el manejo de las finanzas públicas sea materia constitucional y de cumplimiento estricto para evitar que futuros gobiernos comprometan la estabilidad económica del país. El objetivo sería impedir que el presupuesto sea absorbido por intereses políticos y que se recurra al endeudamiento para pagar salarios en lugar de realizar las inversiones necesarias que permitan pagar dicha deuda en el futuro.
Finalmente, el análisis apunta a que sectores como el transporte, el eléctrico, educación y el de agua potable presentan ineficiencias a pesar del incremento de recursos y préstamos. Se menciona que esta tendencia de un Estado inflado tendría raíces históricas que se remontan hasta 1996, como una estrategia para perpetuar el poder, cuyas consecuencias financieras se manifiestan en la actualidad.
