La administración del presidente Abelardo de la Espriella comienza su gestión enfrentando un escenario financiero complejo y cargado de presiones inmediatas. Así lo revela el informe de empalme entregado por el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, a su sucesor en el cargo, Miguel Gómez. El documento técnico advierte que el nuevo equipo económico recibirá un panorama fiscal crítico, caracterizado por huecos presupuestales, necesidades urgentes en el sector salud, compromisos financieros pendientes con Ecopetrol y un potencial conflicto financiero con las entidades territoriales.
De acuerdo con la información difundida por la Revista Semana, el Gobierno entrante se verá obligado a implementar decisiones de ajuste desde sus primeros días de mandato. El informe de empalme es enfático al señalar la existencia de medidas "implícitas" de recorte o aplazamiento del gasto público, las cuales ya se encuentran integradas en el Plan Financiero y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, el documento advierte que dichas medidas aún no han sido aplicadas, lo que deja la responsabilidad de su ejecución en manos de la nueva administración.
Aunque el reporte oficial no especifica una cifra exacta de recorte, el documento hace referencia a las reiteradas advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Según este organismo, el ajuste necesario para cumplir con la meta de déficit fiscal se estima en aproximadamente 32 billones de pesos. Esta cifra representa uno de los desafíos más sensibles y prioritarios para el equipo económico liderado por Miguel Gómez, ya que implicará decisiones difíciles sobre el gasto público.
En el ámbito social, el sector salud se posiciona como uno de los puntos más críticos y urgentes. El informe de empalme alerta sobre un faltante de 1,5 billones de pesos en los presupuestos máximos del sistema de salud. Estos recursos son fundamentales, ya que se destinan al pago de atenciones médicas y a la adquisición de medicamentos para enfermedades de alto costo. El documento es claro al advertir que, de no solventarse este déficit, se podría comprometer seriamente el flujo de recursos hacia la red de prestadores, afectando directamente la entrega de servicios básicos a la ciudadanía.
La crisis en el sistema de salud se extiende también a los docentes. Según el informe, la salud de los maestros se encuentra "en rojo". La Fiduprevisora ha alertado sobre la necesidad de financiación adicional que oscila entre los 1,2 billones y los 1,7 billones de pesos. A esta situación se suma la precaria situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que cerró el año anterior con un patrimonio negativo de 3,1 billones de pesos. Este escenario obliga al nuevo gobierno a contener el gasto de manera inmediata y a buscar nuevas fuentes de financiamiento para evitar el colapso del sistema de salud docente.
Otro frente de presión es la elaboración del presupuesto para el año 2027. Si bien el gobierno saliente debe dejar radicada la propuesta, la viabilidad de esta depende estrictamente de la aprobación de una nueva reforma tributaria. Dicha reforma tiene como objetivo recaudar cerca de 22 billones de pesos. El informe de empalme advierte que, en el caso de que el Congreso no apruebe esta reforma, la administración de De la Espriella no tendrá más alternativa que reducir el techo de gasto nacional.
Paralelamente, existe una cuenta pendiente con la estatal petrolera Ecopetrol. El Gobierno Nacional tiene como fecha límite el 30 de septiembre de 2026 para cancelar la suma de 684.000 millones de pesos a la compañía. Este monto corresponde al déficit generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El informe advierte que el incumplimiento de este pago podría poner en riesgo los ingresos de Ecopetrol por este concepto y, lo que es más grave, afectar la calificación crediticia de la empresa.
En cuanto a la gestión de la salud, el nuevo Ejecutivo deberá definir con celeridad el cronograma para la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027. Este valor es determinante, ya que define la cantidad de recursos que el Estado transfiere por cada afiliado al sistema de salud. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa preliminar mientras el Ministerio de Salud termina de estructurar la base de prestaciones. Al respecto, gremios del sector han denunciado que, durante la administración de Gustavo Petro, la UPC fue subestimada, lo que habría acelerado el deterioro financiero del sistema. El informe reconoce la necesidad de una reforma estructural para garantizar la sostenibilidad, sugiriendo que sea tramitada durante el primer semestre de 2027.
Finalmente, el informe señala un riesgo en las transferencias a las regiones. A pesar de que el Congreso aprobó una reforma constitucional para incrementar los giros del Sistema General de Participaciones (SGP), la ley encargada de redistribuir las competencias sigue estancada. El documento advierte que, si se intenta aplicar el aumento de recursos en 2027 sin la ley de competencias correspondiente, el Ministerio de Hacienda tendría que ajustar el presupuesto nacional, corriendo el riesgo de duplicar costos y comprometer la sostenibilidad fiscal del país. Por esta razón, el gobierno saliente recomienda que la aprobación de esta norma sea una prioridad legislativa para el gobierno de Abelardo de la Espriella.
