La minería formal en Perú enfrenta un nuevo y significativo revés con la anulación de la autorización para el proyecto Tía María, perteneciente a Southern Perú. El Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró nula la resolución directoral N 0692-2025-MINEM/DGM, lo que obliga a la Dirección General de Minería (DGM) a reevaluar el cumplimiento de la empresa con las observaciones técnicas pendientes.
La decisión se centra en dos puntos críticos: el diseño detallado de los botaderos y el cronograma de ejecución de las actividades del proyecto. Southern Perú había reportado un avance del 24% en Tía María al cierre de 2025, con una inversión comprometida de 790 millones de dólares. El proyecto, con una capacidad de producción estimada de 120,000 toneladas anuales de cátodos de cobre, representaba una de las pocas esperanzas de reactivación de la inversión minera en el país.
Este contratiempo se suma a un panorama cada vez más desalentador para el sector. Perú ha perdido terreno como destino atractivo para la inversión minera, siendo superado por cuatro países de la región. La reciente suspensión del proyecto cuprífero Zafranal, de Teck Resources, por un valor de 1,900 millones de dólares, había generado preocupación en el mercado. Analistas ya señalaban que Tía María era el último proyecto de importancia en el horizonte peruano. La empresa canadiense Teck Resources había previsto iniciar la construcción de Zafranal en 2026, pero finalmente optó por suspenderlo, según su reporte anual.
La anulación de la autorización de Tía María plantea interrogantes sobre el futuro de la inversión minera en Perú y podría tener un impacto negativo en el crecimiento económico del país. La demora en la aprobación de proyectos mineros, sumada a la incertidumbre regulatoria, ha llevado a las empresas a reconsiderar sus inversiones en el país.
El Consejo de Minería, en una sesión celebrada el 8 de enero de este año, abordó tanto el informe de gestión de 2025 como la elección de su nueva directiva. Pedro Effio Yaipén fue elegido presidente y Jorge Falla Cordero, vicepresidente, para el período 2026, según consta en el Acta 001-2026-Minem-CM. Los demás miembros del consejo son Cecilia Sancho Rojas, Raúl Cabrera Cordero, Luis Panizo Uriarte, Guillermo Aliga (excongresista por Somos Perú) y Claudia Martínez Pizarro, quien se desempeña como secretaria relatora letrada.
La decisión del Consejo de Minería de anular la resolución directoral N 0692-2025-MINEM/DGM implica que Southern Perú deberá presentar nuevamente la información requerida por la DGM y demostrar que ha abordado adecuadamente las observaciones técnicas. El proceso de reevaluación podría llevar varios meses, lo que retrasaría aún más el inicio de las operaciones de Tía María.
La situación de Tía María es especialmente delicada debido a la oposición que ha generado en algunas comunidades locales, preocupadas por el impacto ambiental y social del proyecto. La empresa ha intentado dialogar con las comunidades y ofrecer compensaciones, pero no ha logrado obtener un apoyo unánime.
La incertidumbre en torno a Tía María y Zafranal, sumada a la disminución de la inversión minera en general, podría afectar la producción de cobre en Perú, uno de los principales productos de exportación del país. El cobre representa una parte importante de los ingresos fiscales del gobierno peruano y contribuye significativamente al empleo y al desarrollo económico.
El gobierno peruano se enfrenta al desafío de crear un clima de inversión favorable para el sector minero, garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. La aprobación de proyectos mineros como Tía María y Zafranal podría generar importantes beneficios económicos para el país, pero es fundamental que se realicen de manera responsable y sostenible.
La anulación de la autorización de Tía María es un llamado de atención para el gobierno peruano y las empresas mineras. Es necesario abordar las preocupaciones de las comunidades locales, mejorar la regulación ambiental y agilizar los procesos de aprobación de proyectos para atraer nuevas inversiones y garantizar el futuro de la minería en Perú. La falta de claridad y la inestabilidad regulatoria están ahuyentando a los inversionistas y poniendo en riesgo el desarrollo económico del país. La situación actual exige una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes para evitar que Perú pierda aún más terreno en el competitivo mercado minero internacional.
