La Asamblea Nacional entrevistará este lunes a 35 candidatos para dirigir la Defensoría del Pueblo entre 2026 y 2031, en un proceso que expertos en derechos humanos ven viciado por la influencia de los partidos políticos y la falta de transparencia. Cada aspirante dispondrá de apenas cinco minutos para convencer a los diputados de que son la persona idónea para encabezar la institución encargada de proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado.
Sin embargo, el foco de la preocupación no reside en la calidad de los candidatos, sino en aquellos que tomarán la decisión final. La Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho del partido oficialista Realizando Metas, filtrará la lista que luego será votada en el pleno de la Asamblea, donde históricamente los acuerdos de bancada han primado sobre el mérito profesional.
Desde su creación en 1997, la Defensoría del Pueblo ha tenido ocho defensores en propiedad: Ítalo Antinori, Juan Antonio Tejada, Liborio García, Ricardo Vargas, Patria Portugal, Lilia Herrera, Alfredo Castillero Hoyos y Eduardo Leblanc, este último quien asumió tras la destitución de Castillero Hoyos en 2019 y fue reelegido en 2021 para el periodo 2021-2026.
El caso de Leblanc ejemplifica los vicios que aquejan a la institución. Su llegada al cargo se produjo tras un interinato marcado por la controversia. Tras la destitución de Castillero Hoyos en octubre de 2019, la defensora adjunta Maribel Coco asumió el cargo de forma automática, luego de haber renunciado apenas diez días antes al Partido Revolucionario Democrático (PRD). Coco solicitó la renuncia de los directivos para poder trabajar con personas de su confianza, allanando el camino para la posterior designación de Leblanc.
En abril de 2021, el PRD decidió mantener a Leblanc en el cargo para el periodo 2021-2026, en un contexto de pandemia por la covid-19. El entonces presidente de la Comisión de Gobierno, Crispiano Adames, entrevistó a 14 candidatos y postuló a Leblanc como su “favorito”, admitiendo que no tenía mucha experiencia en materia de derechos humanos, pero que había logrado resultados en poco tiempo.
Este año, la situación podría repetirse, según advierten voces de la sociedad civil. “Los partidos políticos han convertido a la Defensoría del Pueblo en parte del botín político. Lo ven como parte de una planilla estatal de la que disponen”, afirma Magaly Castillo, abogada y defensora de derechos humanos.
Castillo explica que durante el proceso de selección del defensor se establecen acuerdos entre las bancadas, donde un voto a favor de un candidato se intercambia por la designación del adjunto que prefiere otra bancada. De esta manera, el defensor asume el cargo con compromisos previos, cuotas pactadas y funcionarios de partido ya asignados en la sombra. “En Panamá nunca ha existido una selección de defensores del pueblo basada en méritos”, asegura Castillo, anticipando que esta vez no será la excepción.
Este patrón se ha repetido en el pasado. En 2019, organizaciones cívicas y de derechos humanos protestaron por el nombramiento de Maribel Coco como defensora adjunta por parte de Alfredo Castillero Hoyos, debido a su militancia en el PRD. La Red de Derechos Humanos, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Fundación Iguales fueron algunas de las que alzaron la voz, calificando la situación como “un atentado a la democracia”, según Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales.
Chanis sostiene que el problema central radica en la falta de independencia de la organización y de su liderazgo. A su juicio, Panamá necesita un defensor con conocimientos técnicos en derechos humanos, experiencia demostrada en la promoción y protección de esos derechos, y una trayectoria de ética y compromiso probados. “La suma de esos tres elementos le confiere la autoridad moral y legal para que el poder rinda cuentas”, afirma.
El exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada identifica cinco factores que explican el deterioro de la institución. En primer lugar, la percepción de independencia, ya que la cercanía o complacencia con el gobierno de turno erosiona la confianza pública. En segundo lugar, la falta de comunicación y la incapacidad de posicionar temas y construir mensajes para alcanzar objetivos concretos. En tercer lugar, el abandono de la lucha contra la opacidad y la transparencia en la gestión pública. En cuarto lugar, el desuso del litigio estratégico, una herramienta que se utilizaba exitosamente en el pasado para crear precedentes que protejan derechos colectivos. Y, finalmente, la falta de prestigio del defensor, quien necesita ser un referente ético frente a los abusos del poder.
Magaly Castillo describe una institución que ha dejado de ser un espacio de encuentro con la ciudadanía para convertirse en un aparato burocrático. “La Defensoría del Pueblo no es un espacio amigable para los defensores de derechos humanos”, dice. “No tiene espacios de consultas con organizaciones y defensores. Esa es su principal debilidad.” El resultado es una entidad que recibe quejas, abre expedientes y no responde, convirtiéndose en una institución vacía.
La decisión final recaerá en la Asamblea Nacional, que deberá escoger entre los 35 aspirantes a quien demuestre idoneidad técnica, independencia y capacidad para asumir un rol incómodo: el de fiscalizar al poder desde la defensa de los ciudadanos. El proceso ocurre además luego de la aprobación de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, normativa que moderniza el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo, creando la carrera defensorial y estableciendo mecanismos de protección para funcionarios. Sin embargo, Castillo advierte que, incluso con esta nueva ley, la influencia de los partidos políticos seguirá siendo determinante. “Lo que vamos a ver la próxima semana es la escogencia de personas que lo más seguro es que no van a llegar por méritos. Van a llegar por acuerdos entre los partidos, entre las distintas bancadas”.
Por ahora, el guion está claro: cinco minutos por candidato. El resto, ocurrirá a puertas cerradas.
