La creciente crisis de consumos problemáticos en la provincia ha dejado de ser un tema marginal para convertirse en un desafío estructural que presiona al sistema de salud, afecta a las familias y se arraiga en los territorios con una intensidad cada vez mayor. Los datos recientes presentados en el Senado confirman esta tendencia alarmante: un aumento del 35% en la demanda de salud mental en el último año, con una incidencia creciente en los servicios de mayor complejidad, incluyendo guardias y hospitalizaciones. Este panorama sirve como telón de fondo para el Plan Provincial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos 2026, presentado por la Coordinación Interministerial (CIPAC), liderada por Alba Quintar. La iniciativa busca no solo responder a la situación actual, sino también ordenar un sistema que históricamente ha operado con altos niveles de fragmentación.
El plan se basa en la premisa ampliamente aceptada de que los consumos problemáticos no pueden ser abordados desde una única área del Estado ni reducidos a una cuestión meramente sanitaria. Los ejes centrales del plan – detección temprana en el territorio, creación de espacios de pertenencia para jóvenes, inclusión laboral y campañas de concientización – reflejan una lógica preventiva que busca desplazar el enfoque del tratamiento tardío hacia la anticipación del riesgo. Este cambio representa una corrección importante, ya que el sistema ha operado durante años reaccionando a las emergencias, sin construir dispositivos sólidos de prevención. Quintar introduce un cambio conceptual clave al desplazar la atención del síntoma hacia las condiciones que lo generan.
Este enfoque está respaldado por la Guía Provincial, que establece criterios técnicos para el diseño de políticas en la materia. La guía enfatiza que toda intervención debe basarse en información confiable, contar con registros sistemáticos, establecer indicadores de seguimiento y permitir la evaluación de resultados. Sin embargo, este estándar definido por el propio Estado no se refleja en el punto de partida del plan.
El psicólogo y periodista especializado en salud mental, Rodolfo Ceballos, explicó a Nuevo Diario que esta es la principal falla del plan. No cuestiona la orientación general ni la estructura conceptual, sino la ausencia de un diagnóstico estadístico que permita orientar la política pública. No existe, al menos en la presentación del plan, una línea de base que detalle la prevalencia de los consumos, los grupos etarios más afectados, la distribución territorial del problema ni las trayectorias de atención.
Según Ceballos, esta omisión puede llevar a que la política se implemente de manera homogénea en realidades heterogéneas, diluyendo recursos y disminuyendo su impacto. Además, se pierde una herramienta fundamental: la posibilidad de medir resultados. La propia guía advierte que sin información confiable y sistemas de evaluación, la política pública se vuelve meramente declarativa. Ceballos traduce esta advertencia: sin diagnóstico, no hay priorización. Y sin priorización, no hay política efectiva.
La crítica no se limita al plan en sí, sino que se inscribe en una dinámica más amplia que, según el especialista, ha caracterizado al campo de la salud mental en la provincia durante años. Múltiples actores intervienen en el mismo problema, pero sin una conducción clara ni una base común de información. En este contexto, los discursos tienden a ocupar el lugar que deberían tener los datos. La problemática se describe como un “flagelo”, un “enemigo” o una “crisis social”, pero rara vez se presenta con indicadores concretos que permitan dimensionarla con precisión.
El plan prioriza la prevención como eje estructural, una decisión conceptualmente correcta. La evidencia demuestra que la intervención temprana reduce daños, mejora las trayectorias y disminuye la presión sobre el sistema sanitario. Sin embargo, existe una tensión difícil de resolver: la prevención es una estrategia a mediano y largo plazo, mientras que la crisis actual es inmediata. Los equipos de salud enfrentan situaciones críticas a diario, los dispositivos están al límite de su capacidad y la demanda supera la oferta. En este escenario, la prevención es necesaria, pero insuficiente. Existe el riesgo de que la política quede desfasada con respecto al problema que intenta abordar.
El territorio se presenta como un pilar fundamental del plan, buscando llevar la intervención a nivel local, fortalecer las redes comunitarias y trabajar con actores locales. Sin embargo, este es también el punto donde se manifiestan las mayores desigualdades. No todos los municipios cuentan con los mismos recursos, equipos técnicos ni capacidades de implementación. La propia guía reconoce que la eficacia del sistema depende de una red territorial sólida, articulada y con capacidad operativa real. Sin un diagnóstico que identifique estas diferencias, el riesgo es que el plan se implemente de manera desigual, reproduciendo las brechas que intenta corregir.
En resumen, el plan de abordaje de adicciones, que busca respaldar la declaratoria de emergencia en la provincia, representa un intento serio de construir una política pública integral en un campo históricamente fragmentado. Reconoce la complejidad del problema, propone la articulación intersectorial y busca instalar la prevención como estrategia central. Sin embargo, arrastra una contradicción fundamental: el propio Estado define que las políticas deben basarse en datos, ser medibles y evaluables, pero al mismo tiempo presenta una estrategia sin un diagnóstico claro. En una provincia donde los consumos problemáticos están en aumento, donde la demanda ya ha superado la capacidad de respuesta y donde las respuestas urgentes coexisten con discursos fragmentados, esta ausencia no es un simple detalle técnico. Es una limitación que podría comprometer la efectividad de la intervención y perpetuar la crisis.
