Las grandes gasolineras españolas, lideradas por Repsol y Moeve, han iniciado una carrera por ofrecer descuentos a sus clientes ante la escalada de precios de la gasolina y el diésel, impulsada por las tensiones en Oriente Medio y que amenaza con encarecer las vacaciones de Semana Santa. Esta estrategia, similar a la observada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, busca proteger el volumen de ventas, fidelizar a la clientela y captar cuota de mercado en un contexto de creciente malestar entre los consumidores.
Desde el ataque de Estados Unidos a Irán el pasado 28 de febrero, la gasolina de 95 ha experimentado un encarecimiento del 19%, alcanzando un precio medio de 1,76 euros por litro en España. El diésel, por su parte, ha sufrido un incremento aún más pronunciado, del 31%, situándose en 1,90 euros por litro. Ante esta situación, Repsol ha anunciado la ampliación temporal de sus descuentos a particulares y transportistas fidelizados, una medida que ha sido seguida por Moeve, abriendo la puerta a que otras compañías del sector adopten estrategias similares.
Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de controversia. Según Víctor Fermosel, experto en energía y analista en la consultora Tactio España, los descuentos ofrecidos son “condicionados” y beneficiarán principalmente a aquellos clientes que paguen de una determinada manera y que tengan otros productos contratados con la compañía. “La ‘cara B’ es ofrecer el mejor precio al consumidor que está más comprometido con la compañía y que más servicios contrata”, explica Fermosel.
Además, la estrategia de descuentos podría tener un impacto negativo en la competencia del mercado. Al estrechar el margen comercial, las grandes petroleras podrían estar repitiendo prácticas que ya fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2022. Fermosel advierte que, aunque el descuento pueda ser beneficioso para algunos consumidores individuales, “para el mercado y su competencia, igual no tanto”.
A pesar de la multa impuesta en 2022, el experto considera “bastante probable” que otras energéticas decidan implementar iniciativas similares para retener a sus clientes en un contexto de aumento de los precios del petróleo y los carburantes. La situación actual guarda paralelismos con la vivida tras la invasión rusa de Ucrania, donde el pico de precios de la gasolina y el diésel también se originó a raíz de un conflicto armado y las grandes gasolineras se esforzaron por captar a los clientes de las estaciones de servicio de bajo coste.
Fermosel propone focalizar las ayudas en los sectores y trabajadores que dependen directamente del combustible, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. También valora positivamente la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo por parte del Ejecutivo para contener los precios, aunque advierte que estas reservas deberán ser recuperadas y presupuestadas en el futuro.
Asimismo, el experto destaca la importancia del papel de la CNMC en la supervisión de los márgenes comerciales, el aumento de las inspecciones y la vigilancia de la cadena de suministro para determinar qué agentes están contribuyendo al encarecimiento de los combustibles. Fermosel también sugiere fomentar la movilidad alternativa en las grandes ciudades con descuentos en el transporte público, una medida que ya ha sido planteada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y que requeriría la colaboración de los ayuntamientos.
En respuesta a la situación, el Gobierno ha aprobado un plan de 5.000 millones de euros destinado a paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Este plan incluye una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, una rebaja del impuesto especial a los hidrocarburos y una ayuda de 20 céntimos por litro a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.
La guerra de descuentos iniciada por Repsol y Moeve podría ser el preludio de una batalla por la fidelización de los clientes en un mercado cada vez más volátil. Sin embargo, es fundamental que las autoridades competentes supervisen de cerca las prácticas comerciales de las grandes petroleras para garantizar una competencia justa y proteger los intereses de los consumidores. La situación actual exige una respuesta coordinada entre el Gobierno, las empresas del sector y los organismos reguladores para mitigar el impacto de la subida de los precios de los combustibles y asegurar un acceso equitativo a la energía para todos los ciudadanos. La incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados energéticos sugieren que esta situación podría prolongarse en el tiempo, lo que hace aún más necesario adoptar medidas a largo plazo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.
