El Ministerio Público ha logrado avances significativos en la investigación sobre la red criminal dedicada a la manipulación del sistema e-Tax 2.0 para la apropiación ilegal de créditos fiscales. Dos de los implicados en este complejo entramado han admitido su responsabilidad en el delito, alcanzando acuerdos de pena que consisten en 48 meses de prisión para cada uno.
Los imputados que suscribieron estos acuerdos son Alfredo Murillo Pimentel y Karina Suárez. Según revelaron fuentes ligadas a las investigaciones, ambos ya firmaron los documentos de colaboración. En el caso de uno de ellos, la pena de prisión ha sido reemplazada por el pago de días multa, aunque las autoridades no han precisado si esta medida benefició a Murillo o a Suárez.
Karina Suárez, quien se desempeñaba como trabajadora en la sede de La Chorrera de la Dirección General de Ingresos (DGI), fue objeto de una orden de aprehensión el pasado 7 de julio, emitida por el fiscal Dagoberto Alvarado como parte de la denominada "operación Pandora". El nombre de Suárez ya figuraba en una denuncia anónima recibida por el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, documento que sirvió como detonante para la apertura de las indagaciones. En dicha denuncia, se le señalaba como una persona cercana a Betzy Rodríguez, funcionaria de confianza, y a Eduardo Silvestre, quien en aquel momento ejercía como jefe de Cuenta Corriente de la DGI.
La resolución de aprehensión detalla testimonios comprometedores que vinculan a los implicados en el flujo de dinero ilícito. Se indica que Betzy Rodríguez acudía en reiteradas ocasiones a la residencia de Karina Suárez, ubicada en La Chorrera, con el fin de retirar sumas considerables de dinero en efectivo, las cuales posteriormente eran entregadas al señor Eduardo Silvestre. Tanto Silvestre como Rodríguez se encuentran actualmente imputados y trabajan en acuerdos de colaboración con la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Por su parte, Alfredo Murillo Pimentel habría desempeñado el rol de testaferro en la estructura. Murillo es yerno de Betzy Rodríguez y, junto a ella, suscribió la sociedad denominada A & Consulting Logistic González, S.A., el 20 de marzo de 2025. En la composición de esta empresa, Murillo figura como tesorero y Rodríguez como secretaria, mientras que la presidencia recae en Milena Lineth González Rodríguez, hija de Betzy. Milena González también está imputada en este proceso y mantiene una medida cautelar que le obliga a reportarse los días 15 y 30 de cada mes.
El alcance de esta red criminal es amplio, con una veintena de personas imputadas hasta la fecha. De acuerdo con la resolución de aprehensión del 7 de julio, se hace referencia a 19 individuos, de los cuales nueve permanecen en la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según datos actualizados al 16 de julio. Mientras la mayoría de los imputados se encuentran bajo detención provisional, Eduardo Silvestre, Betzy Rodríguez, Lupo González, Angeli Rodríguez y Rina Arza han recibido la medida de depósito domiciliario.
Uno de los casos más impactantes es el de José Miguel Jurado Rovira, el último imputado y detenido en este proceso. La fiscalía sostiene que, a través de su empresa Servicios de Asesoría y Administración Jurado, Rovira tramitó la cantidad de 23 millones de dólares en créditos fiscales. De forma paralela, las investigaciones revelaron que el imputado ingresó 2.3 millones de dólares en sus cuentas personales. Actualmente, la fiscalía intenta localizar el teléfono celular de Jurado Rovira, dispositivo que no fue hallado al momento de su entrega voluntaria y que se presume contiene información crucial para el caso.
El Ministerio Público sospecha que existen más personas involucradas que fungieron como testaferros para ocultar los fondos provenientes de la venta fraudulenta de créditos fiscales. Para desarticular completamente la estructura, se están verificando múltiples mensajes de texto extraídos de los teléfonos de funcionarios de la DGI. Los dispositivos de Eduardo Silvestre, Betzy Rodríguez, Milena González e Irene Cumbrera —esta última exfuncionaria de la DGI detenida provisionalmente— ya fueron analizados por la sección de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
Este caso es el resultado de una serie de intervenciones judiciales. Hasta el momento, se han ejecutado tres operaciones relacionadas con irregularidades en créditos fiscales. La primera, llamada operación E-Tax 2.0, ocurrió el 23 de octubre de 2025, originada por una denuncia de abril de 2023. En aquel operativo se detuvo a cuatro funcionarios de la DGI acusados de alterar el sistema para crear créditos ficticios que eran cedidos a una intermediaria y, finalmente, a una empresa aseguradora. La segunda intervención fue la operación Publicano, realizada el 10 de septiembre de 2025, donde fueron aprehendidas seis personas más por la manipulación del mismo sistema.
