El paro de transportistas de carga pesada convocado para este jueves 12 de marzo en Lima y Callao ha tenido un impacto parcial, con un porcentaje significativo de operadores continuando sus actividades, aunque a pérdida, según declaraciones del presidente de la Asociación de Transportistas Unidos de Carga Pesada, Iván Valencia. A pesar de la convocatoria, entre un 40% y un 70% de los transportistas están operando con normalidad, evidenciando una fractura en la unidad del sector y la creciente presión económica que los obliga a seguir trabajando a pesar de las difíciles condiciones.
La situación surge tras una reunión infructuosa el miércoles 11 de marzo entre los principales dirigentes del sector y la premier Denisse Miralles en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Representantes de regiones clave como Chiclayo, Piura, Arequipa, Callao y el centro del país, buscaron una solución a la paralización indefinida, pero no lograron alcanzar un acuerdo con el gobierno. Valencia criticó el “desconocimiento” de las autoridades sobre la problemática de los combustibles, que es el principal detonante de la protesta.
La demanda central de los transportistas es la eliminación temporal de los impuestos al diésel, que actualmente representan un alarmante 45% del precio por galón. Este incremento en los costos del combustible está afectando gravemente la rentabilidad del sector, obligando a muchos a operar con pérdidas. Además del alto costo del combustible, los transportistas denuncian el deterioro de la infraestructura vial, la inseguridad en las carreteras y la falta de acceso a rutas estratégicas, como la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla, lo que agrava aún más su situación.
Los gremios han manifestado que la protesta responde a la “falta de soluciones reales” del Estado frente a una crisis estructural que se ha ido profundizando con el tiempo. El incremento sostenido en los precios del diésel y la gasolina, la crisis de Petroperú y la escasez de gasolina premium y regular son factores que han contribuido a la exasperación del sector. La reciente ruptura del ducto de gas en Megantoni ha intensificado las pérdidas económicas, no solo para los transportistas, sino también para fábricas y otras actividades productivas.
Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, ha solicitado la reducción de la carga tributaria y la reactivación del fondo de compensación. También han pedido la devolución parcial de peajes y la revisión de los cobros debido al deterioro de las vías. “El gobierno se demora mucho en tomar medidas adecuadas. Nosotros esperamos que le baje la tasa impositiva tributaria a los combustibles por este periodo de emergencia que estamos atravesando”, declaró a Buenos Días Perú.
La crisis energética ha trascendido el sector del transporte de carga pesada, sumando a taxistas y mototaxistas a la paralización nacional. Jorge Garibay, representante del Corporativo Integral de Taxistas, ha criticado duramente el bono de S/ 120 ofrecido por el Gobierno, calificándolo de “insuficiente” frente a los gastos diarios que oscilan entre 80 y 120 soles en combustible. Garibay ha planteado la necesidad de elevar el bono a S/ 800 para cubrir mínimamente las pérdidas que están sufriendo los taxistas.
En el caso de los mototaxistas, Julio García, presidente de la Federación de Mototaxistas, ha revelado que tres millones de conductores podrían acatar la medida de fuerza en todo el país, con 800 mil solo en Lima. Los mototaxistas también exigen el reconocimiento de un bono que compense la parálisis de sus actividades. “Nosotros estamos completamente indignados, no solo por lo que se ha publicado, un bono de 120 soles que a las justas alcanzaría para los gastos operativos que se genera en un día para el taxista. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una reconsideración y que este bono sea de 800 soles”, afirmó Garibay.
Mientras la atención se centra en los gremios de carga y los vehículos menores, la situación del transporte urbano, que moviliza diariamente a millones de usuarios en Lima y Callao, se mantiene relativamente estable. Casi ninguna agrupación de transporte urbano ha decidido sumarse al paro, a pesar de la crisis del gas natural y la ola de inseguridad ciudadana que afecta a la capital. La única excepción es la empresa Translima, que oficializó su adhesión a la paralización tras un nuevo atentado contra uno de sus conductores.
La falta de un acuerdo entre el gobierno y los transportistas plantea un escenario incierto para los próximos días. La persistencia del paro podría generar desabastecimiento de productos básicos, aumento de precios y un impacto negativo en la economía nacional. La presión sobre el gobierno para que tome medidas urgentes y efectivas para solucionar la crisis de los combustibles y atender las demandas del sector del transporte se intensifica a medida que la protesta se prolonga. La población espera una pronta solución a este conflicto que afecta directamente su bolsillo y su calidad de vida. La capacidad del gobierno para dialogar y llegar a un acuerdo con los gremios será crucial para evitar una escalada de la crisis y garantizar el normal funcionamiento de la economía.
