El Ministerio de Minas y Energía ha dado un paso significativo en la estrategia de transición energética del país con la expedición de la Resolución 40334. Esta medida regulatoria tiene como objetivo principal simplificar y agilizar los procesos de conexión a la red eléctrica de las estaciones de carga de acceso público, diseñadas para atender a vehículos eléctricos e híbridos enchufables en todo el territorio nacional.
La resolución, que fue publicada oficialmente el pasado 28 de julio de 2026, introduce modificaciones específicas al artículo 8 de la Resolución 40559 de 2025. El propósito central de este ajuste normativo es establecer un procedimiento mucho más claro, uniforme y transparente para todas aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican al desarrollo de proyectos de infraestructura de recarga eléctrica. Con esto, el Gobierno busca reducir los tiempos de trámite que anteriormente podían representar un obstáculo para el crecimiento del sector.
Dentro del nuevo marco regulatorio, se ha asignado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la responsabilidad fundamental de definir el procedimiento técnico y administrativo para acceder a los puntos de conexión de la red eléctrica. Esta tarea es crucial para los prestadores del servicio de carga, conocidos técnicamente como Operadores de Puntos de Carga (CPO), quienes ahora contarán con una hoja de ruta definida por la entidad reguladora para integrar sus estaciones a la infraestructura energética existente.
Según ha señalado el Ministerio de Minas y Energía, la delegación de estas funciones a la CREG permitirá estandarizar los requisitos exigidos en las solicitudes de conexión. Esta estandarización no solo busca la eficiencia administrativa, sino que pretende brindar una mayor seguridad jurídica a las empresas e inversionistas. Al existir reglas claras y procedimientos predecibles, se reducen los riesgos asociados a la inversión en infraestructura de recarga, fomentando la llegada de nuevo capital para expandir la red de cargadores públicos.
Además de la simplificación de trámites, la regulación pone un énfasis especial en la transparencia y el acceso a la información. Se busca facilitar que los desarrolladores de proyectos tengan acceso a datos técnicos precisos sobre la capacidad disponible de las redes eléctricas en diferentes zonas. Esto es vital para evitar saturaciones en la red y asegurar que la ubicación de las estaciones de carga sea técnicamente viable. Asimismo, la resolución insta a evaluar la implementación de mecanismos simplificados para proyectos específicos, eliminando barreras burocráticas que podrían retrasar la expansión de la movilidad eléctrica.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que esta medida es una respuesta directa a la necesidad de acelerar la adopción de vehículos eléctricos en Colombia. Para el funcionario, la disponibilidad de infraestructura es el motor que permitirá que más ciudadanos den el salto hacia la movilidad limpia. Palma afirmó que se están eliminando barreras para que el país avance con mayor rapidez, asegurando que la decisión brinda reglas claras y mejores condiciones para que las estaciones de carga lleguen no solo a las grandes ciudades, sino también a las diversas regiones del país, fortaleciendo así la transición energética nacional.
Este impulso regulatorio llega en un momento clave para el mercado automotor colombiano. Datos recientes indican que 4 de cada 10 vehículos nuevos vendidos en el país son eléctricos o híbridos, con marcas como Tesla, BYD y Mazda liderando las ventas. Este crecimiento sostenido del parque automotor eléctrico exige una respuesta proporcional en la infraestructura de soporte para evitar cuellos de botella en la experiencia del usuario y asegurar la viabilidad del modelo de transporte sostenible.
Por otro lado, la Resolución 40334 no solo se enfoca en la velocidad de implementación, sino también en la calidad y sostenibilidad del sistema. El Gobierno ha orientado a la CREG para que incorpore herramientas que permitan optimizar el uso de la infraestructura eléctrica actual, promoviendo una mayor eficiencia energética. Se ha dejado claro que el crecimiento de la demanda de electricidad, derivado de la expansión de la movilidad eléctrica, debe gestionarse bajo estrictos criterios de confiabilidad, seguridad y sostenibilidad, protegiendo la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
En conclusión, la nueva normativa busca crear un ecosistema favorable donde la inversión privada y la planificación estatal converjan para ampliar la cobertura de estaciones de carga. Al simplificar la conexión a la red, Colombia pretende consolidar la movilidad eléctrica como uno de los pilares de su transición energética, facilitando el acceso a alternativas de transporte limpias para todos los ciudadanos.
