El Gobierno ha presentado una nueva propuesta de subsidio a los combustibles que busca brindar un alivio económico temporal a los consumidores, centrando sus esfuerzos no solo en la reducción de costos, sino en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización. La iniciativa plantea otorgar un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, con el objetivo de mitigar el impacto de los precios en el mercado interno.
El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, detalló que esta nueva propuesta incorpora ajustes significativos basados en la experiencia obtenida durante el programa anterior, el cual estuvo vigente entre los meses de abril y julio. Uno de los cambios más relevantes es la facultad de suspender el beneficio de manera anticipada en caso de que se produzca una disminución en los precios internacionales de los combustibles, evitando así que el Estado mantenga un gasto innecesario si las condiciones del mercado global mejoran.
Un punto crítico de la propuesta es el combate al contrabando. El ministro Barrios señaló que, durante la aplicación del subsidio anterior, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y diversos diputados, detectó un incremento inusual en el consumo de combustibles. Aunque el funcionario aclaró que se trata de una teoría que aún está siendo verificada, existe la sospecha de que parte del combustible subsidiado haya sido trasladado ilegalmente hacia países vecinos.
Para frenar esta situación, la propuesta incluye un artículo específico destinado a fortalecer el control en las fronteras. De confirmarse la salida ilegal de combustible subsidiado, la normativa establecería la prohibición expresa de exportarlo y habilitaría la intervención directa del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación para investigar y perseguir penalmente estos hechos.
En cuanto al esquema de fiscalización, se mantendrá la coordinación interinstitucional. El proceso comienza con la SAT, que remite al MEM la información sobre los despachos realizados por las importadoras. Posteriormente, el MEM valida estos datos y los traslada al Ministerio de Finanzas Públicas para proceder con los pagos. Al mismo tiempo, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) tiene la tarea de verificar que el descuento llegue efectivamente al bolsillo del consumidor final, mientras que la Contraloría General de Cuentas supervisa la legalidad del proceso.
Para garantizar la transparencia, el MEM publicará precios de referencia que deberán ser exhibidos obligatoriamente en todas las estaciones de servicio. Esto permitirá que los consumidores tengan un parámetro claro para verificar que el subsidio se esté aplicando correctamente en el punto de venta. Asimismo, el pago del subsidio se seguirá realizando directamente a las importadoras al momento del despacho desde sus terminales, asegurando que el producto llegue a las estaciones ya con el descuento incorporado.
Actualmente, el Congreso de la República analiza la iniciativa de ley 6801, denominada Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular. El proyecto, presentado por diputados oficialistas, estima un costo total de Q3 mil 480 millones. El financiamiento de esta medida se divide en tres fuentes: una ampliación presupuestaria de Q1 mil 754 millones, el uso de recursos excedentes por Q1 mil 280 millones y una reducción de gastos en diversas entidades del Estado por Q474 millones.
Los recortes presupuestarios propuestos para financiar el subsidio incluyen Q216 millones del Acuerdo de Pago por Reducciones de Emisiones (Erpa), Q170 millones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Q50 millones del Ministerio de Gobernación, Q9 millones del Ministerio de la Defensa Nacional, Q5 millones del Ministerio de Cultura y Deportes y Q4 millones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Adicionalmente, se plantea reducir Q400 millones asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) y utilizar saldos no ejecutados.
A pesar del avance, la propuesta aún se encuentra en la instancia de jefes de bloque y requiere consensos antes de pasar al pleno. Algunos legisladores han sugerido modificar la distribución del subsidio, proponiendo reducir la cantidad destinada al diésel para aumentar la de la gasolina regular, argumentando que una gran parte del parque vehicular nacional consiste en motocicletas que utilizan este último combustible.
Como antecedente de la necesidad de mayores controles, el ministro Barrios recordó que, al finalizar el programa anterior, el MEM presentó 15 denuncias ante el Ministerio Público contra estaciones de servicio que aumentaron sus precios a pesar de contar con inventarios adquiridos bajo el esquema de subsidio, además de trasladar otros casos a la Diaco por irregularidades detectadas.
