El reciente Decreto Presidencial 0173 de 2026, que establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas en el contexto de la emergencia económica, ha desatado una fuerte controversia en el sector de la educación superior privada colombiana. Las instituciones, constituidas como entidades sin ánimo de lucro y pertenecientes al Régimen Tributario Especial, expresan una profunda preocupación por las posibles consecuencias negativas que esta medida podría acarrear para el acceso, la permanencia estudiantil y la sostenibilidad del sistema educativo nacional.
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) ha alzado su voz, advirtiendo que la inclusión de las universidades privadas sin fines de lucro en el ámbito de aplicación de este tributo requiere una revisión exhaustiva. Ascun argumenta que las universidades han desempeñado un papel crucial en el afrontamiento de los desafíos que enfrenta el país, poniendo a disposición sus recursos y conocimientos. Sin embargo, la imposición de este impuesto podría socavar su capacidad para continuar contribuyendo de manera efectiva al desarrollo nacional.
Uno de los principales argumentos de las universidades privadas radica en la naturaleza del patrimonio que se gravaría con este impuesto. A diferencia de las empresas con fines de lucro, el patrimonio de las universidades no se compone principalmente de dinero en efectivo, sino de activos esenciales para su funcionamiento académico, como laboratorios, bibliotecas, hospitales universitarios y centros de investigación. Estos activos no representan una fuente de ingresos inmediata, sino herramientas fundamentales para la formación de profesionales, la generación de conocimiento y el avance científico.
Las universidades privadas señalan que la posibilidad de mantener un patrimonio institucional sólido ha sido una condición clave para sostener proyectos de investigación, innovación y desarrollo científico de largo plazo. La imposición de un impuesto sobre este patrimonio podría comprometer la viabilidad de estos proyectos, limitando la capacidad de las universidades para contribuir al progreso del país en áreas estratégicas.
Además, las universidades privadas operan bajo un régimen especial que las obliga a reinvertir íntegramente sus excedentes en la mejora de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. Gravar el patrimonio social de estas instituciones, según argumentan, ignora su naturaleza sin ánimo de lucro y las equipara a empresas comerciales con capital distribuible, cuando en realidad su patrimonio es un instrumento para garantizar el derecho a la educación.
La educación superior colombiana no es exclusivamente pública; las universidades privadas desempeñan un papel fundamental en la formación de profesionales y en la generación de conocimiento. Según Ascun, cualquier medida que afecte la sostenibilidad financiera de estas instituciones debe ser cuidadosamente evaluada, considerando sus implicaciones para el acceso y la continuidad de miles de estudiantes.
La preocupación se extiende a la posibilidad de que el impuesto al patrimonio obligue a las universidades privadas a reducir su oferta académica, aumentar las matrículas o disminuir la inversión en investigación y desarrollo. Estas medidas podrían tener un impacto negativo en la calidad de la educación superior y en la capacidad del país para formar profesionales altamente calificados.
Expertos en derecho tributario coinciden en que la aplicación del Decreto 0173 de 2026 a las universidades privadas sin ánimo de lucro plantea interrogantes legales y constitucionales. Argumentan que el impuesto podría violar el principio de igualdad, al tratar de manera diferente a las universidades privadas y públicas, a pesar de que ambas cumplen una función social esencial.
Ante esta situación, Ascun ha instado al Gobierno del Presidente Gustavo Petro a abrir canales de diálogo y concertación con los representantes de las instituciones de educación superior privada. La asociación considera que el consenso en temas tan sensibles como este es fundamental para evitar decisiones que puedan perjudicar el sistema educativo y el futuro del país.
La urgencia de este diálogo se acentúa en el contexto del ocaso del gobierno de Petro, lo que implica que las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto duradero en el sector educativo. La falta de concertación podría generar incertidumbre y desconfianza, dificultando la implementación de políticas públicas efectivas.
El debate sobre el impuesto al patrimonio de las universidades privadas ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar el modelo de financiación de la educación superior en Colombia. Algunos expertos proponen explorar alternativas como el aumento de la inversión pública, la creación de fondos de becas y la promoción de la colaboración entre universidades y empresas.
La situación actual exige una respuesta integral que tenga en cuenta las particularidades del sector educativo y las necesidades de los estudiantes. El Gobierno, las universidades y la sociedad civil deben trabajar juntos para encontrar soluciones que garanticen el acceso a una educación superior de calidad para todos los colombianos.
En conclusión, el Decreto 0173 de 2026 ha generado una profunda preocupación en el sector de la educación superior privada colombiana. La imposición de un impuesto al patrimonio podría comprometer la sostenibilidad financiera de las universidades, limitar su capacidad para invertir en investigación y desarrollo, y afectar el acceso y la permanencia estudiantil. Ante esta situación, es urgente que el Gobierno abra canales de diálogo y concertación con los representantes de las instituciones de educación superior privada, buscando soluciones que garanticen el futuro de la educación superior en Colombia. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país, y cualquier medida que ponga en riesgo su sostenibilidad debe ser cuidadosamente evaluada y concertada.
