El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha lanzado una severa advertencia sobre la gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric, señalando un desvío significativo de las metas presupuestarias y la profundización de problemas estructurales en las finanzas públicas. El informe, titulado “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025”, detalla un balance fiscal estructural de -3,6% del PIB, una desviación alarmante de la meta original de -1,1% del PIB y de la meta vigente de -1,6% del PIB.
Este desvío, según el CFA, no es un evento aislado, sino una manifestación de “la profundización de los problemas de desajuste fiscal de los últimos tres años” y no una “situación transitoria”. La magnitud del desvío se considera “elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios”, lo que subraya la gravedad de la situación.
El análisis del CFA apunta a una serie de factores que contribuyen a este desequilibrio. En primer lugar, se identifican “errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos”. Esto sugiere una falta de precisión en la planificación financiera del gobierno y una incapacidad para prever con exactitud los ingresos fiscales reales. En segundo lugar, el informe critica las modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos, que parecen haber exacerbado el problema.
Además, el CFA señala un “ajuste del gasto insuficiente durante el año”, que incluso superó el nivel comprometido en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2025. Este exceso de gasto, a pesar de los recortes ya implementados a través del Acuerdo Marco y el ajuste administrativo anunciado, indica una falta de disciplina fiscal y un control deficiente sobre las erogaciones públicas. Finalmente, el informe destaca la “escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo”, lo que sugiere que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado revertir la tendencia negativa.
Si bien el CFA reconoce que la deuda bruta en 2025 se mantuvo por debajo del nivel prudente y similar al año anterior, advierte que este resultado no se debe a una consolidación fiscal, sino a factores “posiblemente transitorios”, como la apreciación del tipo de cambio y el mayor crecimiento del PIB nominal. Esto significa que la situación fiscal no ha mejorado fundamentalmente, sino que se ha beneficiado de circunstancias externas que podrían no persistir en el futuro.
Ante este panorama, el CFA enfatiza la necesidad urgente de adoptar “medidas adicionales y de carácter estructural” que permitan corregir el desequilibrio fiscal y fortalecer el cumplimiento de la regla fiscal. El cumplimiento de la meta de Balance Estructural, según el Consejo, depende de la capacidad del gobierno para alinear el gasto público con las estimaciones actualizadas de los ingresos estructurales.
El CFA subraya que cualquier revisión a la baja de los ingresos estructurales debe ser compensada por una corrección proporcional del gasto u otras medidas disponibles durante el año. En caso contrario, la legislación exige que el Ministerio de Hacienda presente medidas correctivas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) inmediatamente posterior al cierre definitivo del año fiscal, las cuales deben ser presentadas ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional y al propio CFA.
El Consejo propone una consolidación a mediano plazo basada en una combinación equilibrada de cuatro dimensiones: mayor crecimiento económico potencial, reducción de la evasión y elusión de impuestos, nuevas fuentes de ingresos estructurales y mayor eficiencia o ajustes en el gasto público. Esta estrategia integral busca abordar las causas subyacentes del desequilibrio fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
La advertencia del CFA es contundente: si persiste el patrón de desviaciones observado en los últimos años, podrían materializarse riesgos relevantes para la trayectoria de la deuda pública, incluyendo la posibilidad de superar el nivel prudente del 45% del PIB en el mediano plazo. Esto podría tener consecuencias negativas para la economía chilena, como un aumento de las tasas de interés, una disminución de la inversión y una pérdida de confianza de los mercados financieros.
El informe del CFA representa un duro golpe para el gobierno de Gabriel Boric, que se enfrenta a crecientes presiones para corregir el rumbo de la política fiscal. La situación exige medidas urgentes y decisivas para evitar una crisis fiscal que podría poner en peligro la estabilidad económica del país. La capacidad del gobierno para responder a esta advertencia y adoptar las medidas necesarias será crucial para determinar el futuro de las finanzas públicas chilenas. La oposición ya ha comenzado a exigir explicaciones y a proponer alternativas, lo que anticipa un debate político intenso en las próximas semanas. El desafío para el gobierno es encontrar un equilibrio entre la necesidad de consolidación fiscal y la implementación de sus políticas sociales, que han sido una prioridad desde el inicio de su mandato. La credibilidad del gobierno y la confianza de los inversores están en juego.
