Loja, Ecuador – La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), vigente desde el 23 de febrero de 2026, ha sumido al Municipio de Loja en una crisis potencial, obligándolo a considerar la desvinculación de aproximadamente 1.300 funcionarios para cumplir con las nuevas regulaciones fiscales. La medida, que ha generado gran preocupación entre los empleados municipales y la comunidad local, se deriva de la exigencia de destinar un mínimo del 70% del presupuesto a obras de inversión y limitar el gasto corriente al 30%.
La situación se ha complicado debido a la forma en que se calcula el cumplimiento de la norma. Según María Augusta Solano, directora financiera del municipio, el cálculo ya no se basa en el presupuesto ejecutado, sino en el presupuesto “codificado”, que incluye tanto las aprobaciones iniciales como los arrastres de saldos de años anteriores. En el caso de Loja, esto significa que el presupuesto codificado asciende a alrededor de USD 114 millones (USD 76 millones aprobados en diciembre de 2025 más USD 37 millones arrastrados), lo que obliga a invertir más de USD 64 millones en obras.
“Actualmente el cálculo lo harán del presupuesto codificado, es decir, en el mes de diciembre de 2025 aprobaron un presupuesto de más de USD 76 millones, en febrero del presente año el Cabildo aprobó el arrastre del saldo caja-bancos por más de USD 37 millones, dando un monto codificado de alrededor de USD 114 millones, bajo esa perfectiva, el calculo de la normativa se debería gastar en inversión más de USD 64 millones”, explicó Solano durante la sesión extraordinaria del Cabildo el 3 de marzo de 2026.
El incumplimiento de esta regla fiscal tendría consecuencias severas para el municipio. El Estado reduciría la renta asignada a Loja en aproximadamente USD 11 millones, y la situación sería reportada a los órganos de control, como la Contraloría, lo que podría derivar en auditorías y posibles sanciones. Ante este panorama, la desvinculación de 1.300 servidores se presenta como la única opción viable para ajustar el gasto corriente y cumplir con la normativa.
Paúl Ocampo López, presidente de la Asociación de Empleados del Municipio de Loja, ha expresado su preocupación por la falta de una defensa técnica sólida ante la Corte Constitucional. Según Ocampo, la reforma al Cootad vulnera los derechos de los trabajadores y el municipio debería presentar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, hasta el momento, no se ha visto una iniciativa clara en este sentido.
“Más bien existe rumores de desvinculaciones masivas de funcionarios. Considero entre 1.000 a 1.400 empleados tendrían que ser despedidos, lo cual golpea a un gran número de personas porque cada uno tiene familia”, afirmó Ocampo, destacando el impacto social que tendría una medida de tal magnitud.
Por otro lado, desde el departamento de Talento Humano del municipio se ha informado que se están suprimiendo partidas de cargos vacantes como una medida para reducir costos. Hasta la fecha, se han eliminado 41 partidas, lo que ha generado un ahorro de alrededor de USD 3 millones. Se espera que esta estrategia continúe, permitiendo reducir aún más el gasto corriente sin necesidad de despidos.
La preocupación por la reforma al Cootad también se manifestó en el Cabildo, donde se planteó una moción para presentar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, la moción no fue aprobada, lo que ha generado frustración entre los concejales que consideraban que la norma afecta negativamente a diversas áreas del municipio.
La situación en Loja refleja los desafíos que enfrentan muchos gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador ante la implementación de la reforma al Cootad. La exigencia de destinar un mayor porcentaje del presupuesto a obras de inversión, si bien busca impulsar el desarrollo económico, puede tener consecuencias negativas para el empleo público y la prestación de servicios básicos.
El debate sobre la reforma al Cootad se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la disciplina fiscal y la protección de los derechos de los trabajadores. Algunos expertos argumentan que la norma es necesaria para evitar el despilfarro de recursos públicos y garantizar que el dinero se invierta en proyectos que generen beneficios a largo plazo. Otros, en cambio, sostienen que la reforma es demasiado rígida y que no tiene en cuenta las particularidades de cada municipio.
En el caso de Loja, la situación es especialmente crítica debido a la dependencia del municipio de los recursos provenientes del Estado. La reducción de la renta asignada tendría un impacto significativo en la capacidad del municipio para financiar sus programas y proyectos.
La incertidumbre sobre el futuro del empleo público en Loja ha generado un clima de tensión y desconfianza entre los empleados municipales. Muchos temen perder sus empleos y no saber cómo mantener a sus familias. La Asociación de Empleados del Municipio ha anunciado que tomará medidas para defender los derechos de los trabajadores y exigir una solución justa a la crisis.
El gobierno central ha sido criticado por la falta de diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados antes de implementar la reforma al Cootad. Algunos alcaldes han denunciado que la norma fue impuesta sin tener en cuenta sus opiniones y necesidades.
La reforma al Cootad es un tema complejo que requiere un análisis profundo y una solución consensuada. Es fundamental que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados trabajen juntos para encontrar un camino que permita garantizar la disciplina fiscal sin sacrificar el empleo público y la prestación de servicios básicos. La situación en Loja es un llamado de atención sobre los riesgos de implementar reformas sin una planificación adecuada y sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio.
