La reforma al sistema político impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric avanza con celeridad hacia su votación final en la Cámara de Diputados este miércoles, desatando una intensa controversia y revelando profundas fisuras en el espectro político. A tan solo siete días del cambio de mando, el proyecto, ya aprobado por el Senado, busca ordenar la casa y frenar la fragmentación partidista, pero ha sido objeto de críticas por una norma transitoria que permitiría a partidos en proceso de disolución fusionarse con colectividades vigentes, generando acusaciones de “traje a la medida” y poniendo en riesgo la aprobación del conjunto de la iniciativa.
La Comisión de Gobierno Interior despachó el proyecto a Sala este martes, tras un debate acalorado centrado en las fusiones, el financiamiento y las posibles manipulaciones de las reglas del juego. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, defendió las indicaciones del Ejecutivo, destacando la inclusión de estatutos con condena explícita a los sistemas totalitarios y a la violencia, un compromiso anticorrupción, reglas más claras para la disciplina interna y el mantenimiento del esquema de financiamiento aprobado previamente por el Senado. Según las nuevas regulaciones, solo los partidos con representación parlamentaria tendrán acceso a recursos públicos, y en caso de desafiliación de un legislador, el aporte económico seguirá destinado a la colectividad por la que fue electo.
Sin embargo, el punto de inflexión fue la norma transitoria que abre la puerta a la fusión de partidos en proceso de disolución –tras las elecciones parlamentarias de 2025– con partidos que hayan obtenido al menos el 5% de los votos nacionales o cuatro parlamentarios electos. Inicialmente, el Gobierno no contemplaba el requisito de los cuatro parlamentarios, pero finalmente cedió a una indicación presentada por la diputada Joanna Pérez, del Partido Demócratas, en disolución. Esta ampliación ha generado una ola de críticas y sospechas, ya que permitiría, por ejemplo, la fusión entre el PPD y la DC con el Partido Radical y la Federación Regionalista Verde Social, o entre Evópoli y Demócratas, que ya han iniciado conversaciones al respecto.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue el más contundente en sus acusaciones, calificando la indicación como “un verdadero traje a la medida de una situación actual”. Advirtió que modificar las reglas mientras un proceso de disolución ya está en curso podría generar dificultades en la implementación de la ley y socavar su objetivo original de frenar la fragmentación. “Ni el más prestigioso sastre hubiese podido hacer un traje a la medida como el que se hizo”, lanzó el parlamentario socialista, apuntando directamente a Demócratas y Evópoli. Manouchehri argumentó que legislar con urgencia para introducir excepciones es perjudicial para el país y debilita una ley que buscaba endurecer las reglas del juego.
A pesar de sus críticas, Manouchehri reconoció que el proyecto sí eleva los estándares para las candidaturas independientes y restringe la proliferación de partidos, en respuesta a lo ocurrido tras la Convención Constitucional. Sin embargo, insistió en que la excepción aprobada va “absolutamente en contra del espíritu” de la iniciativa.
La diputada Pérez, por su parte, defendió la ampliación del criterio, argumentando que la restricción inicial a partidos que superaran el 5% de los votos nacionales dejaba fuera a colectividades que cumplen con el otro umbral legal –cuatro parlamentarios– y que enfrentan incertidumbre incluso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). “Eso es lo que cuestionamos”, aclaró, advirtiendo sobre el riesgo de asfixiar a partidos pequeños en nombre de la gobernabilidad.
El diputado Jaime Mulet (FRVS), partido oficialista que busca evitar su disolución ante el Tricel, celebró la fórmula, argumentando que, en lugar de dejar un partido disuelto y debilitado, se le ofrece la oportunidad de fusionarse con otro. A su juicio, si el propósito es reducir la atomización, la medida adoptada por el Gobierno es “muy inteligente”. Mulet reveló que se reunió con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y con el diputado José Carlos Meza para evaluar las posibilidades de aprobación de la reforma.
El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (PR), defendió el despacho como el resultado de un acuerdo trabajado desde febrero con diputados y dirigentes de partidos, destacando la rebaja del umbral de firmas al 0,3% y sosteniendo que la reforma apunta a reducir la fragmentación sin impedir que colectividades con representación puedan subsistir mediante fusiones. Admitió que algunos criterios, como el de independientes, pudieron quedar exigentes, pero afirmó que, en términos generales, se trata de “una buena reforma” y adelantó que en la Sala intentará reponer la norma sobre discolaje.
Oyarzo rechazó las acusaciones de “traje a la medida”, reafirmando que el verdadero “traje a la medida” era lo propuesto inicialmente por el Ejecutivo –permitir la fusión solo con partidos vigentes que hubieran obtenido al menos el 5% de los votos nacionales–.
Además de la polémica por las fusiones, la reforma legaliza la figura de los comités parlamentarios y establece que, si un legislador abandona el comité o partido por el que fue electo, perderá las asignaciones asociadas. Sus impulsores argumentan que esta medida es un antídoto contra la indisciplina que alimenta la fragmentación, mientras que sus detractores la consideran un endurecimiento que puede tensionar la libertad política.
También hubo críticas al aumento de exigencias para constituir partidos –0,3% del padrón, cerca de 46 mil firmas– y a la restricción de financiamiento a colectividades sin escaños. El diputado Félix González (Partido Ecologista Verde, en disolución) habló de “persecución” y de una “ley antidíscolo exacerbada”.
La diputada Carolina Tello (FA) llamó a bajar el tono y debatir “con altura de miras”, subrayando que la posibilidad de fusión debe examinarse con rigor en Sala para resguardar el pluralismo y la representación.
Con este escenario de tensiones y acusaciones cruzadas, la reforma llega al hemiciclo con el discurso oficial de fortalecer la democracia y el reproche de estar ajustando la ley en pleno proceso político. Gobernabilidad versus conveniencia. Orden versus cálculo. Este miércoles, la Sala de la Cámara dirá si la norma transitoria es un salvavidas institucional o, como acusó Manouchehri, un traje hecho a la medida de la coyuntura.
El “salvataje” a los partidos en vías de extinción fue la última carta del Ejecutivo para viabilizar políticamente el proyecto, que será votado en la Sala de la Cámara este miércoles, para volver al Senado antes del cambio de mando.
En Palacio transmiten confianza, pero nadie se atreve a cantar victoria antes de tiempo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, comprometió los votos del gremialismo a favor de los elementos del proyecto de ley que ya están consensuados.
La iniciativa salió de comisión con respaldo suficiente para llegar competitiva a Sala, aunque la herida que dejó la norma de fusiones sigue abierta. En el Partido Socialista el malestar es evidente y la bancada evalúa su estrategia: desde rechazar el texto completo hasta forzar una votación por paquetes.
Con ese telón de fondo, el Gobierno se juega la carta final con números que asoman, pero que aún no están completamente amarrados.
