Diversos especialistas en materia de comunicación y derechos humanos han emitido una seria advertencia respecto a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta impulsada por la Presidencia de la República. Según los expertos, este proyecto otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) facultades que resultan inconstitucionales y que exceden los límites establecidos en la Ley de Telecomunicaciones vigente.
En entrevistas concedidas a EL UNIVERSAL, los analistas aseguraron que la propuesta del Ejecutivo posee visos de censura. La principal preocupación radica en que el proyecto plantea que la CRT pueda iniciar procedimientos de sanción de oficio, es decir, sin que medie una queja previa de los ciudadanos. De acuerdo con los especialistas, medidas de esta naturaleza han sido implementadas en otros países con el objetivo de perseguir a la prensa crítica y a los sectores de la oposición gubernamental.
Leopoldo Maldonado, quien se desempeña como director de Artículo 19 y relator especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, señaló tajantemente que estos lineamientos generales pretenden censurar a los medios de comunicación. Como ejemplo, Maldonado destacó que el proyecto establece la prohibición de difundir información histórica como si fuera actual. A juicio del relator, esta disposición sería una estrategia del régimen para blindarse y evitar el escrutinio sobre los errores cometidos durante el sexenio pasado.
Maldonado describió la propuesta como un "intento burdo por controlar la narrativa". El especialista explicó que, más allá de la disposición sobre la información histórica, el Gobierno Federal, utilizando a la CRT, se posicionaría en una situación donde podría determinar qué es verdad y qué es falso en los contenidos difundidos. En este sentido, afirmó que las propuestas de la Presidencia se contraponen directamente con los principios de la democracia y la libertad de expresión, sugiriendo que el objetivo final es la persecución de la oposición.
El relator de la ONU advirtió que la propuesta tiene un "peligero tufo censor" que trastoca la libertad de expresión. Comparó estas regulaciones con las existentes en países que no viven en democracia, mencionando específicamente los casos de Cuba, Nicaragua, Sudán, Tailandia y Camboya. Según Maldonado, en dichas naciones se han emitido regulaciones similares bajo pretextos como el combate a la desinformación, las noticias falsas o el terrorismo, pero cuyo efecto real ha sido la persecución de las disidencias y la prensa crítica.
Asimismo, subrayó que el gobierno actuaría como "juez y parte". A través de la CRT, el Ejecutivo tendría la capacidad de determinar sanciones y multas a los medios de comunicación que, bajo su propio criterio, incumplan con los lineamientos. Maldonado recordó que la CRT forma parte de la Agencia de Transformación Digital, la cual depende directamente del Poder Ejecutivo, lo que anula las condiciones mínimas de independencia e imparcialidad del órgano regulador.
Por su parte, Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel), coincidió en que el proyecto excede las facultades legales de la CRT. Levy señaló que la propuesta permite que la autoridad intervenga y revise los contenidos editoriales para definir si se respetan los derechos de las audiencias, lo que genera el peligro de que el gobierno participe más de lo debido en la línea editorial de los medios.
Levy resaltó que la facultad de supervisar e iniciar sanciones de oficio, detallada en el artículo 53 del proyecto, carece de sustento tanto en la Constitución como en la ley. La subjetividad de estas medidas permitiría que el gobierno decida qué información es inexacta y sancione al medio en consecuencia, lo que se aproxima peligrosamente a la censura.
Finalmente, la presidenta de Observatel denunció que el documento presenta graves inconsistencias de técnica jurídica, lagunas legales y problemas de redacción. Mencionó que existen definiciones que no coinciden con la ley y que no queda clara la división de obligaciones entre la televisión abierta y la de paga. Levy concluyó que este tipo de regulaciones provocan un efecto inhibidor, ya que el temor a las sanciones impulsa a los comunicadores a caer en la autocensura.
