La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tomado una determinación contundente respecto al funcionamiento de las instituciones educativas privadas que implementan modelos de disciplina castrense en el país. A raíz del caso de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Tamaulipas, la dependencia federal estableció que ninguna institución educativa que se ostente como “militar” o “militarizada” podrá operar al inicio del ciclo escolar 2026-2027.
El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, notificó formalmente a las autoridades educativas de los diversos estados de la República, así como a las de la Ciudad de México, que se debe garantizar que para el próximo 31 de agosto no existan planteles prestando servicios educativos bajo los términos “Militarizada”, “Militar”, “Castrense”, o cualquier otra denominación que haga referencia directa a una instrucción o disciplina de carácter militar.
Esta medida representa el seguimiento a un aviso emitido previamente por la dependencia el pasado 24 de julio. Dicha acción fue detonada por el feminicidio de Dafne Zapata, hecho que puso en evidencia y generó serios cuestionamientos sobre la operatividad, la supervisión y la legalidad de las instituciones privadas que ofrecen una supuesta “formación militar” a menores de edad.
Para dar cumplimiento a esta directriz, Mario Delgado solicitó a las Secretarías de Educación estatales llevar a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que hayan sido otorgados a instituciones educativas dentro de sus respectivas entidades. El objetivo es identificar cualquier plantel que esté operando bajo estas modalidades prohibidas.
La instrucción es clara: en aquellos casos donde se identifiquen escuelas que operen bajo denominaciones o modalidades militarizadas, las autoridades educativas estatales deberán suspender sus actividades de manera inmediata y dar inicio a los procedimientos administrativos correspondientes para lograr su clausura definitiva.
Con el fin de no afectar el derecho a la educación de los alumnos, la SEP estableció protocolos estrictos para la transición. Los planteles que resulten afectados por estas medidas de clausura deberán entregar de forma inmediata toda la documentación escolar de sus estudiantes. Esto incluye la entrega de certificados totales o parciales de estudios, asegurando así que la trayectoria educativa de las niñas, niños y adolescentes no se vea interrumpida.
En el ámbito económico, la SEP también ha blindado los derechos de los padres de familia y tutores. Se ha determinado que cualquier pago realizado por servicios educativos que aún no hayan sido devengados —incluyendo conceptos como reinscripciones, compra de útiles escolares, uniformes u otros cargos administrativos— deberá ser reintegrado de manera inmediata por parte de las instituciones educativas implicadas.
Sobre los fundamentos de esta decisión, Mario Delgado Carrillo sostuvo que estos modelos de instrucción son totalmente incompatibles con los principios que rigen el Sistema Educativo Nacional. El funcionario señaló que la educación militar es una facultad destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, siendo impartida únicamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, el secretario resaltó que no es posible alcanzar una verdadera transformación educativa si se permiten expresiones de violencia. Subrayó que el modelo educativo actual impulsa una visión humanista que promueve el diálogo como la vía fundamental para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y prioriza, por encima de cualquier otra consideración, el interés superior de la niñez y la adolescencia.
Mientras tanto, la investigación jurídica por la muerte de Dafne Zapata Quintos continúa abierta. La joven falleció apenas cuatro días después de haber ingresado a la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero. El caso se encuentra actualmente bajo el control de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Hasta el momento, las autoridades han realizado la detención de tres personas presuntamente implicadas en los hechos: Jorge Luis ‘N’, quien se desempeñaba como director de la academia; una instructora identificada como Estrellita ‘N’; y Danna Yanina ‘N’, una joven de 18 años que presuntamente fungía como instructora auxiliar durante el desarrollo del campamento.
El caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio. Las autoridades judiciales analizan actualmente la responsabilidad penal de los detenidos, proceso que se intensificó luego de que familiares de la víctima y exalumnos de la institución denunciaran la existencia de prácticas sistemáticas de violencia y maltrato dentro del plantel.
