Santiago, Chile – Tras años de debate y análisis académico, Chile ha dado un paso histórico al aprobar una ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, reconociendo formalmente el cuidado como un derecho fundamental y un pilar esencial de la protección social. La legislación, despachada el mes pasado por el Congreso, marca un punto de inflexión en la forma en que el país aborda las necesidades de quienes requieren cuidados y de quienes los brindan, buscando romper con un modelo tradicionalmente basado en la responsabilidad individual y, en gran medida, femenina.
La aprobación de esta ley no es un evento aislado, sino que se enmarca en una creciente conciencia global sobre la importancia del cuidado como un bien público esencial. Expertos en ciencias sociales, como la Profesora Asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) y la Escuela de Gobierno y Administración Pública (EGAP) de la Universidad Mayor, Francisca Ortiz Ruiz, señalan que el estudio de los cuidados ha avanzado significativamente en los últimos años, consolidando la idea de que el cuidado debe ser considerado parte integral de la protección social.
Ortiz Ruiz, en un análisis reciente, destaca la convergencia de ideas entre la literatura académica y los contenidos de la nueva ley. “Con la tramitación de este proyecto de ley, Chile está comenzando a avanzar en esta línea que algunos vemos con esperanza, y que esperamos que en el siguiente gobierno esto siga siendo fomentado”, afirma la investigadora.
La necesidad de una legislación de este tipo se hace evidente al analizar las desigualdades existentes en la provisión de cuidados en América Latina. Como señalan María Nieves Rico y Claudia Robles, la organización social actual asigna desproporcionadamente el trabajo de cuidado, tanto remunerado como no remunerado, a las mujeres, a menudo a expensas de su bienestar, oportunidades laborales y protección social. Esta situación se agrava por la falta de respuestas públicas adecuadas y una oferta de mercado segmentada.
El reconocimiento del derecho al cuidado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica ha sido un catalizador importante para este cambio de paradigma. La Corte definió el cuidado como el derecho de toda persona a contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren su bienestar integral y les permitan desarrollar sus proyectos de vida. Este derecho se fundamenta en principios de corresponsabilidad social y familiar, solidaridad, igualdad y no discriminación, y abarca tres dimensiones básicas: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.
Chile no es el único país que está avanzando en esta dirección. España, por ejemplo, ha implementado diversos proyectos para promover ecosistemas locales de cuidados, como el programa Zaintza Herrilab en Gipuzkoa, País Vasco, que busca mejorar la atención a personas mayores dependientes en sus hogares, fomentando la participación comunitaria. En el Reino Unido, existen programas sociales que se centran en apoyar el cuidado de personas en situaciones vulnerables, como personas mayores, personas con discapacidad y niños y adolescentes.
En Sudamérica, Uruguay lidera el camino, habiendo aprobado en 2015 el primer Sistema Nacional de Cuidados de la región. Este sistema propone un modelo de responsabilidad compartida entre las familias, el Estado y la sociedad para personas en situación de dependencia, estableciendo el cuidado como un derecho social y no solo como una responsabilidad privada.
La nueva ley chilena, inspirada en estos ejemplos internacionales y en la creciente evidencia académica, reconoce el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado de todas las personas, sin distinción. Además, crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, que se espera que impulse la implementación de políticas y programas que garanticen el acceso a servicios de cuidado de calidad para quienes los necesiten.
Sin embargo, la aprobación de la ley es solo el primer paso. La implementación efectiva del Sistema Nacional de Cuidados requerirá una inversión significativa de recursos, una coordinación intersectorial eficiente y una participación activa de la sociedad civil. Las especificidades sobre cómo realizar la incorporación de los cuidados es, como señala Ortiz Ruiz, una conversación más extensa que deberá abordarse en múltiples instancias.
Uno de los desafíos clave será garantizar que el sistema sea inclusivo y equitativo, atendiendo las necesidades de todos los grupos de la población, incluyendo a las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños y las personas en situación de vulnerabilidad. También será fundamental abordar las desigualdades de género en la provisión de cuidados, promoviendo una distribución más justa de las responsabilidades entre hombres y mujeres.
La ley también deberá considerar la importancia del autocuidado, reconociendo que el bienestar de los cuidadores es esencial para garantizar la calidad de los cuidados que brindan. Esto implica ofrecer a los cuidadores acceso a servicios de apoyo, capacitación y descanso, así como promover una cultura que valore y reconozca su trabajo.
El futuro del Sistema Nacional de Cuidados en Chile dependerá en gran medida del compromiso del próximo gobierno. Es crucial que el nuevo equipo político continúe fomentando esta iniciativa, asignando los recursos necesarios y trabajando en colaboración con la sociedad civil para garantizar su éxito. La ley representa una oportunidad única para construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, donde el cuidado sea reconocido como un derecho fundamental y un pilar esencial del bienestar social. La conversación, como bien apunta la Profesora Ortiz Ruiz, apenas comienza.
