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Ciudad de Panamá, 30 de enero de 2026 – En una declaración pública realizada esta madrugada, el presidente José Raúl Mulino abordó la reciente y trascendental decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), generando incertidumbre y expectativas en el panorama económico nacional. El mandatario buscó proyectar calma y asegurar al país que la situación está bajo control, fruto de una planificación meticulosa que se remonta al año pasado.
“Los puertos panameños son un activo estratégico de vital importancia para la economía nacional y para la conectividad global,” enfatizó el presidente Mulino. “Desde hace un año, hemos estado delineando los pasos a seguir para garantizar un proceso ordenado, transparente y, sobre todo, sin improvisaciones. No permitiremos que este recurso estratégico se vea comprometido.”
La decisión de la Corte Suprema pone fin a casi tres décadas de administración de PPC sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, pilares fundamentales del comercio internacional y del Canal de Panamá. La controversia en torno al contrato de concesión ha sido objeto de debate público durante años, con acusaciones de desventajas para Panamá y falta de transparencia en los términos acordados.
El presidente Mulino aclaró que, si bien la Corte Suprema ha emitido su fallo, este no es ejecutable de inmediato. “Mientras el fallo no quede ejecutoriado, PPC continuará operando con normalidad,” aseguró. “Una vez que el fallo sea firme, se iniciará un periodo de transición cuidadosamente planificado que culminará con una nueva concesión, pero esta vez bajo condiciones significativamente más favorables para Panamá.”
Para supervisar este complejo proceso de transición, el presidente Mulino anunció la designación del ingeniero Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico interinstitucional. Alemán Zubieta, reconocido por su experiencia en el sector marítimo y logístico, tendrá la tarea de articular todas las competencias portuarias del país y asegurar una transición fluida y eficiente.
“El ingeniero Alemán Zubieta es un profesional altamente capacitado y con una trayectoria impecable,” afirmó el presidente Mulino. “Confiamos plenamente en su capacidad para liderar este proceso y garantizar que los intereses de Panamá sean protegidos en todo momento.”
Además, el presidente Mulino ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reunirse de inmediato con representantes de PPC para establecer un canal de comunicación y cooperación. El objetivo de esta reunión es garantizar la continuidad de las operaciones portuarias durante la etapa de transición y evitar cualquier interrupción en el flujo de mercancías.
“Es fundamental que haya cooperación y coordinación entre todas las partes involucradas,” subrayó el presidente Mulino. “No podemos permitirnos el lujo de generar incertidumbre o afectar la competitividad de nuestros puertos.”
Una de las mayores preocupaciones expresadas por los trabajadores portuarios y sus sindicatos ha sido el temor a despidos masivos. El presidente Mulino fue enfático al asegurar que no habrá despidos y que los derechos de los trabajadores estarán plenamente protegidos.
“Quiero ser claro y contundente: no habrá despidos,” declaró el presidente Mulino. “Estamos comprometidos con la protección de los empleos y con el bienestar de los trabajadores portuarios. Garantizaremos que sus derechos sean respetados y que tengan un futuro seguro en el nuevo esquema de concesión.”
Por su parte, Panama Ports Company emitió un comunicado en el que calificó el fallo de la Corte Suprema como “carente de fundamento jurídico” y contrario al marco legal vigente. La empresa expresó su desacuerdo con la decisión judicial, pero aseguró que respetará el proceso de transición y cooperará con las autoridades panameñas.
“Respetamos la independencia del poder judicial y acataremos la decisión de la Corte Suprema,” declaró un portavoz de PPC. “Sin embargo, consideramos que el fallo es injusto y perjudicial para los intereses de Panamá. Continuaremos defendiendo nuestros derechos y buscando una solución justa y equitativa.”
El fallo de la Corte Suprema y la respuesta del gobierno de Mulino marcan un nuevo capítulo en la historia de los puertos panameños. La reorganización que se avecina representa una oportunidad para que Panamá recupere el control de un activo estratégico y maximice los beneficios económicos que genera. Sin embargo, también plantea desafíos importantes en términos de gestión, inversión y negociación con posibles nuevos operadores.
Analistas económicos advierten que la transición debe ser cuidadosamente gestionada para evitar cualquier impacto negativo en el comercio internacional y en la reputación de Panamá como un centro logístico de primer nivel. La clave del éxito radicará en la capacidad del gobierno para establecer un marco legal claro y transparente, atraer a inversores solventes y garantizar la continuidad de las operaciones portuarias.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta situación. Los puertos de Panamá son un eslabón fundamental en la cadena de suministro global, y cualquier interrupción en sus operaciones podría tener consecuencias significativas para el comercio mundial. El gobierno de Mulino se enfrenta al reto de demostrar que Panamá es capaz de gestionar sus propios puertos de manera eficiente y responsable, protegiendo sus intereses nacionales y manteniendo su posición como un líder en el sector marítimo.
