José, un vecino de San José, fue víctima de un robo de más de 5 millones en su cuenta bancaria a través de un ciberataque. Pese a haber interpuesto un reclamo formal, el banco rechazó devolverle el dinero, dejándolo en una situación de frustración e impotencia.
El delito ocurrió la madrugada del 7 de abril del año pasado, cuando los ciberdelincuentes lograron acceder a la cuenta de José y realizar transferencias a otros bancos en cuestión de minutos. Aunque aún no está claro cómo obtuvieron sus datos, la principal hipótesis es que José ingresó a una página web fraudulenta, conocida como phishing.
Tras el robo, José, quien trabaja en una institución de salud, perdió el dinero que iba a utilizar para pagar su casa. Cuando intentó recuperar su dinero, el banco lo culpó por no saber ingresar correctamente a la página web, lo que generó una sensación de vulnerabilidad y frustración en la víctima.
Según el relato de José, el proceso de reclamo ante el banco fue desgastante, con respuestas cortas e indiferencia por parte de la institución financiera. Finalmente, en septiembre, el banco concluyó el caso y determinó que no tenía culpa atribuible por los eventos ocurridos, dejando a José sin su dinero.
El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó que las denuncias por estafas electrónicas han aumentado un 41% en el último año, convirtiéndose en el delito más importante para los próximos años. Soto reconoció que, si bien se han desarticulado grupos criminales, muchos de estos fraudes provienen del exterior, lo que dificulta su control.
Adalid Medrano, abogado especialista en delitos informáticos, señaló que las entidades financieras tienen una responsabilidad importante en la lucha contra las estafas y deben utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar fraudes en tiempo real. Además, destacó que los bancos están obligados a proteger a los usuarios, incluso cuando estos hayan cometido un descuido.
Ante esta problemática, se ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que busca ampliar la responsabilidad de los bancos y entidades financieras ante las estafas digitales, independientemente de la culpa del cliente. Sin embargo, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) propone que las entidades no sean responsabilizadas cuando haya culpa grave del cliente.
