El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la transferencia de S/86,4 millones a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para financiar los estudios técnicos y legales requeridos en el proceso de privatización de Petroperú S.A. Esta operación marca el primer uso de fondos públicos para costear la reorganización patrimonial de la principal petrolera del país.
La autorización se formaliza tras una cadena de comunicaciones que comenzó el 7 de enero, cuando Petroperú informó oficialmente al MINEM que, debido a su situación financiera, no podía asumir el gasto de las auditorías y solicitó que el Estado canalizara los fondos. Ese mismo día, ProInversión presentó su requerimiento al ministerio, respaldándose en el Decreto de Urgencia N 010-2025, que habilita a la agencia a recibir hasta S/144 millones de Petroperú y faculta al MINEM a transferir recursos públicos adicionales para la reorganización.
El Decreto de Urgencia, emitido entre gallos y medianoche el 31 de diciembre de 2025, eliminó la protección legal contra la privatización de Petroperú, dispuso la segmentación de activos y la transferencia de la Nueva Refinería Talara a operadores privados, y abrió la puerta a la reducción de personal financiada por el Estado. La norma establece que los ingresos de la privatización se destinen a cubrir pasivos críticos y obligaciones laborales y financieras.
Con la inyección de S/86,4 millones, ProInversión queda oficialmente facultada para administrar, transferir y negociar los activos y pasivos de los bloques patrimoniales, así como para coordinar con otras entidades como COFIDE y Osinergmin para mantener el flujo de los combustibles durante la transición. La agencia tiene un plazo máximo de 60 días calendario, contados desde el 1 de enero de 2026, para aprobar el plan de promoción aplicable al proceso de reorganización y privatización parcial de Petroperú.
Diversos especialistas del sector y trabajadores de Petroperú han cuestionado la idoneidad de ProInversión para liderar el proceso de privatización de la petrolera. Señalan que la agencia carece de experiencia directa en el sector hidrocarburos y arrastra un historial de retrasos y problemas en la puesta en valor de grandes proyectos de inversión en el país.
En un reciente comunicado, el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el gobierno del presidente José Jerí y el MEF estarían llevando deliberadamente a la empresa al colapso a través del abandono financiero y la falta de decisiones claras. Los sindicatos advirtieron que la retirada de la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings es consecuencia de la incertidumbre fabricada desde el propio Estado y acusaron a la administración de la ministra Denisse Miralles de actuar como un factor activo de deterioro, trasladando el mensaje de que Petroperú es prescindible.
Ante este escenario, la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú anunció un paro nacional de 72 horas a partir del 19 de enero, en rechazo a lo que consideran una política deliberada de debilitamiento y abandono de la empresa estatal.
Fitch Ratings anunció en las últimas horas que retiró todas las calificaciones de Petroperú alegando que carece de información suficiente para tomar una decisión de calificación sobre el emisor y sus instrumentos de deuda. Paralelamente, Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Petroperú de "B" a "B-" y la colocó bajo vigilancia crediticia negativa, advirtiendo que, de no concretarse un respaldo estatal adicional o una reestructuración exitosa, la empresa podría caer en default.
Antes de recibir oficialmente la inyección de S/86,4 millones, ProInversión ya había iniciado los trabajos técnicos para la reestructuración de los activos de Petroperú. Como primer paso, la agencia prevé lanzar un Aviso de Expresiones de Interés, de naturaleza informativa y exploratoria, dirigido a inversionistas, desarrolladores y operadores especializados tanto nacionales como internacionales. El objetivo inicial es sondear el mercado respecto a un portafolio de 55 predios e inmuebles no críticos de la petrolera, ubicados en regiones como Áncash, Lima, Piura (Talara), Pasco, Lambayeque y Tumbes.
