Un brote de una grave enfermedad ha puesto en alerta a la industria bananera de Ecuador, el mayor exportador mundial de este fruto. Según informes, la lucha para contener el avance de este mal debe concentrarse en aplicar protocolos exitosos ajustados a la realidad nacional, ya que el patógeno tiene formas de burlar las barreras de bioseguridad.
Hasta que no se cuente con variedades resistentes a nivel comercial, se deben tomar precauciones como el uso de productos a base de concentrados vegetales o microorganismos, que den a los suelos un carácter supresivo que impida la penetración a las plantas y evite su propagación, mientras se espera el reemplazo varietal paulatino.
Evitar una catástrofe productiva bananera es un reto prioritario, ya que el daño afectaría a millones de pequeños cultivadores, al empleo pleno y a la seguridad alimentaria en Ecuador y la región. Sin embargo, el país carece de los recursos necesarios para afrontar esta crisis por sí solo.
Ante esta situación, se propone la creación de un fondo no gubernamental y apolítico, para prevención e investigación, que se enriquezca con aportes foráneos no reembolsables, comenzando con la Unión Europea (UE). La idea es que la UE reoriente el saldo de la negociada desgravación arancelaria por la importación bananera, estabilizada en 75 euros por tonelada desde 2020, hacia ese fondo.
Expertos calculan que el arancel cobrado desde el inicio, cuando era superior a 170 euros por tonelada, alcanza un valor cercano a los 20.000 millones de dólares, conceptualizado como una transferencia de la renta bananera a favor de Europa, que redujo ingresos a agricultores y sus naciones. Dado el peligro existencial que se cierne sobre el cultivo que nutre a millones de personas y sostiene a economías enteras en el trópico, esta fórmula se considera justa y equilibrada, por lo que las autoridades públicas deberían acogerla e impulsarla con fervor patriótico.
Esos 75 euros servirían para frenar al patógeno, una pretensión basada en un derecho histórico, ya que la UE recaudó durante décadas miles de millones de euros por aranceles al banano sembrado en países tropicales vulnerables como Ecuador. Alcanzar esta asignación no sería un acto de mendicidad, sino una reparación por corresponsabilidad fitosanitaria, pues si Ecuador colapsa, también lo hará la UE por reducción de abastecimiento y elevación de precio por escasez de su fruta preferida.
Cofinanciar la prevención sería menos engorroso para la industria global que enredarse en una crisis social con desocupación de millones de personas, cuyo pesaroso final sería migrar hacia el norte y a Europa, trastocando los planes de seguridad alimentaria e irrogando descalabros financieros a sociedades agrícolas de todo nivel. La Unión Europea no necesita ese saldo, su obligación moral es proteger al banano.
