La congresista independiente Kira Alcarraz podría enfrentar una investigación fiscal y posibles sanciones penales por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, luego de un incidente con un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según el reporte policial, el lunes 5 de enero, el fiscalizador del SAT intervino la camioneta en la que viajaba Alcarraz en las inmediaciones del Puente Atocongo, en San Juan de Miraflores. Ante la intervención, la congresista habría intentado disuadir al funcionario, llamó a un "comandante" para que la apoye y, finalmente, le propinó una bofetada y le arrebató el celular.
Abogados especialistas en derecho penal consultados por El Comercio señalan que, independientemente de la investidura parlamentaria de Alcarraz, su conducta podría configurar el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, contemplado en el artículo 368 del Código Penal. Este delito tiene una pena de 3 a 6 años de prisión, que se agrava hasta 9 años si el autor es un funcionario público.
"La gravedad del caso, más allá del tema ético, viene por haberse resistido a una orden. Se ven a diario estos casos, y si descontamos que ella es congresista de la República, entonces ya estaría procesada penalmente por el delito de resistencia a la autoridad. Entonces, el Ministerio Público tendría que intervenir de oficio", explicó el abogado penalista Carlos Caro.
Por su parte, el también abogado penalista Daniel Jurado considera que los hechos podrían configurar el delito de violencia contra la autoridad, previsto en el artículo 365 del Código Penal, cuya pena se agrava cuando el autor es un funcionario público, llegando a los 8 años de prisión.
Alcarraz, en declaraciones al programa 24 Horas, negó la denuncia en su contra y aseguró que el SAT nunca le notificó las papeletas impuestas. Sin embargo, el SAT reafirmó que su funcionario fue agredido por la congresista, quien también habría intentado evitar la intervención de su vehículo por una deuda de papeletas impaga.
Los expertos consultados coinciden en que, en este caso, no se puede invocar la inmunidad parlamentaria, ya que la presunta conducta delictiva de Alcarraz no se habría producido en el ejercicio de sus funciones como congresista, sino que se trata de un delito común. Por lo tanto, el Ministerio Público debería actuar de oficio y someter el caso a investigación.
