La vertiginosa operación militar ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026 en Venezuela, conocida como "Operación Resolución Absoluta", no debe interpretarse simplemente como una acción de fuerza, sino como el desenlace de un proceso sociológico que el teórico Robert Michels describió con precisión hace más de un siglo.
La captura del ex presidente Nicolás Maduro en Caracas, fundamentada en cargos de narcoterrorismo, ha generado una ola de rechazo entre quienes defienden la soberanía nacional como un principio inquebrantable. Sin embargo, para entender si existía otra salida, es crucial analizar cómo la "Ley de Hierro de la Oligarquía" de Michels pasó de la teoría académica a la cruda realidad política en suelo venezolano.
En su obra fundamental "Los partidos políticos" (1911), Michels sostenía que toda organización compleja termina inevitablemente controlada por una pequeña élite que prioriza su propia supervivencia. En Venezuela, el aparato construido alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo confirmó esta tesis, sino que la llevó al extremo.
Lo que en sus inicios se presentó como un movimiento de justicia social, derivó en una oligarquía que fusionó de forma descarada el Estado, el partido y las Fuerzas Armadas. Este triángulo de poder creó una estructura inexpugnable donde el discurso de "soberanía" servía como justificativo moral para que un grupo selecto se adueñara de cada institución del país.
Esta centralización absoluta del poder generó lo que Michels identificaba como el blindaje del liderazgo. Al controlar la totalidad de los recursos económicos, la narrativa mediática y la fuerza coercitiva, la élite se volvió indispensable y, por definición, imposible de sustituir mediante mecanismos convencionales. Bajo esta dinámica, la psicología de las masas jugó un papel fundamental: la propaganda y el control social fomentaron una dependencia que anuló la capacidad de respuesta ciudadana.
El sistema venezolano dejó de ser una democracia para convertirse en un organismo de autopreservación que cerró todas las válvulas de escape institucional durante años. Incluso cuando el pueblo venezolano intentó, a través de la movilización masiva y el voto en 2024, romper la Ley de Hierro por la vía civilizada, la oligarquía desconoció la voluntad popular y secuestró los organismos electorales.
Ante esta realidad, la intervención internacional ejecutada a principios de 2026 no aparece como una agresión caprichosa, sino como la respuesta inevitable ante una estructura que se volvió impermeable a la razón. Cuando una oligarquía controla las armas y los recursos de una nación con el único fin de protegerse a sí misma, las opciones de cambio se reducen a la fractura interna o la asistencia externa. Ante la solidez de la cúpula militar venezolana, la vía extraordinaria se convirtió en el mal menor.
La "Operación Resolución Absoluta" representa, en última instancia, el inicio del necesario proceso de desarticulación de una organización que había decidido que el poder le pertenecía por encima de la voluntad de su propio pueblo. Si bien la intervención genera rechazo, los analistas coinciden en que era una acción inevitable ante la consolidación de una oligarquía impenetrable.
