Los 34 partidos y siete movimientos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE) recibirán este año un total de RD$1,500 millones en financiamiento del Estado, sin contar los aportes del sector privado.
El reparto de estos fondos se hará de acuerdo a lo establecido en la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que indica que el Estado destinará un monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales, y un cuarto por ciento (1/4%) en los años sin elecciones.
Los tres principales partidos políticos, Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), recibirán el 80% de estos recursos, es decir, RD$1,200 millones. El 20% restante, unos RD$300 millones, será repartido entre los partidos políticos denominados "emergentes".
Esta inyección de fondos públicos a los partidos ha sido una práctica recurrente en los últimos 14 años, durante los cuales han recibido un total de RD$23,333 millones, convirtiéndose en un "botín" para estas instituciones, según lo señalado por expertos.
La Ley 33-18 de Partidos Políticos establece la fórmula de distribución de estos recursos, donde el 80% se reparte en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos, un 12% para aquellos que lograron más del 1%, y el 8% restante se distribuye entre los que obtuvieron entre 0.01% y 1% de los sufragios.
Además de los tres principales partidos, la JCE reconoce otros 34 partidos y siete movimientos políticos, que también recibirán fondos públicos, aunque en menor proporción. Entre ellos se encuentran el Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, País Posible, Bloque Institucional Sociademócrata, Unidad Nacional, Justicia Social, Alianza País, Revolucionario Social Demócrata, Cívico Renovador Generación de Servidores, Democrático Alternativo y Humanista Dominicano, entre otros.
Este mecanismo de financiamiento estatal a los partidos políticos fue una idea impulsada por el extinto líder José Francisco Peña Gómez, con el objetivo de evitar que estos fueran financiados por el narcotráfico. Sin embargo, expertos han cuestionado la efectividad de esta medida para fortalecer la democracia y la transparencia en el sistema político dominicano.
