Jenny Ramírez, una joven de 24 años que hasta hace poco trabajaba en una cafetería, desistió de la compra de 93 hectáreas de terreno municipal en el cantón La Libertad, luego de que se desatara una polémica por la supuesta venta a un precio irrisorio.
Según la documentación, Ramírez acudió al Municipio de La Libertad para presentar su desistimiento de la compra de los terrenos, que tenían un valor de 2,7 millones de dólares. Inicialmente, Ramírez había manifestado que su identidad habría sido suplantada y que no era ella la compradora del polémico lote.
Sin embargo, este jueves presentó un documento formal en el que desiste de la adquisición del terreno, pero solicita que la compraventa se realice a favor de una compañía interesada, con el objetivo de que ésta financie y ejecute un proyecto turístico en el sector.
El concejal Bruno Dedé, quien denunció la posible venta del predio a un precio irrisorio de 2,94 dólares por metro cuadrado, cuando el valor real superaría los 9 dólares, expresó su extrañeza ante la situación. "¿A quién le creemos? Primero dice que no es ella y ahora aparece desistiendo de la compra. Esto cada vez está más raro", señaló el edil.
Dedé advirtió que la ciudadanía debe mantenerse alerta, ya que, aunque Ramírez desiste de la compra, en su solicitud pide que el Municipio venda directamente el terreno a una empresa cuyo nombre se desconoce. "Nos quieren ver la cara y debemos estar muy atentos", concluyó.
El lote en cuestión está ubicado al pie de la vía perimetral de la Península y, según Ramírez, habría despertado el interés de una empresa privada, la cual habría condicionado su inversión a la aprobación del Municipio.
En su solicitud de desistimiento, Ramírez también señala que ha sido objeto de ataques públicos, descalificaciones personales y comentarios machistas en redes sociales y medios de comunicación, los cuales atribuye a su edad y condición social, hechos que considera discriminatorios.
La polémica por la venta de estos terrenos municipales ha generado gran preocupación en la comunidad, y las autoridades municipales deberán estar atentas a cualquier intento de transacción sospechosa o que pueda poner en riesgo los intereses de la población.
