La reciente decisión del Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, de desactivar los equipos especiales del Ministerio Público, ha generado reacciones de todo tipo en el ámbito político, jurídico y ciudadano. Como ocurre con toda medida de alto impacto institucional, es legítimo que existan discrepancias y cuestionamientos. Sin embargo, en un Estado de derecho resulta indispensable partir del respeto a la institucionalidad y a las atribuciones que la ley confiere a cada autoridad.
La medida adoptada marca, para muchos, el cierre de una etapa caracterizada por serias controversias. Es innegable que algunos de estos equipos fueron objeto de críticas por el uso de la justicia con fines políticos y por una gestión que, en determinados casos, se apartó de los principios de imparcialidad y celeridad que deben regir la labor fiscal. El caso Lava Jato es ilustrativo: los avances más concretos se produjeron a partir de acuerdos de colaboración eficaz y de pruebas contundentes de sobornos, pero los procesos se prolongaron durante años y terminaron dejando una sensación de impunidad, especialmente cuando directivos de Odebrecht evitaron sanciones proporcionales a la magnitud de los delitos cometidos.
El fiscal Gálvez ha actuado con determinación y sin vacilaciones. Corresponderá ahora al tiempo y a los resultados demostrar si esta decisión contribuye a una justicia más eficiente, independiente y creíble. Lo fundamental es que el Ministerio Público salga fortalecido y se mantenga lejos de intereses políticos.
La desactivación de estos equipos especiales ha sido interpretada por algunos como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, el fiscal Gálvez argumenta que la medida busca reordenar y fortalecer la estructura del Ministerio Público, con el objetivo de lograr una justicia más ágil, imparcial y efectiva.
Uno de los principales cuestionamientos a los equipos especiales es que, en algunos casos, se habrían apartado de los principios de debido proceso y habrían utilizado tácticas cuestionables para obtener resultados. Esto habría generado una sensación de persecución política y de uso selectivo de la justicia, lo cual ha minado la credibilidad del sistema.
Ahora, el reto será demostrar que la desactivación de estos equipos no significa un retroceso en la lucha contra la corrupción, sino más bien una oportunidad para reordenar y fortalecer al Ministerio Público, de manera que pueda cumplir con su mandato de manera más eficiente, imparcial y apegada a la ley.
Es importante que el proceso de reestructuración del Ministerio Público se lleve a cabo de manera transparente y con la participación de diversos actores de la sociedad civil, el ámbito jurídico y político. Solo así se podrá reconstruir la confianza en una institución fundamental para el Estado de derecho.
