La reciente reforma a la Ley de Amparo podría complicar las posibilidades de defensa de los ciudadanos afectados por los cambios en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la nueva Ley General de Aguas (LGA), aprobada en diciembre de 2025.
Según Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, tanto la LAN como la LGA presentan "muchos errores", por lo que se espera una "cascada" de amparos, tanto individuales como colectivos, por parte de los perjudicados.
"Ojalá el Gobierno Federal considere que la Ley fue promulgada en un periodo muy corto, no hubo el suficiente análisis además se prometió muchas veces que iba a haber foros y no hubo las consultas necesarias, por lo que pronostico que no será una Ley de fácil aplicación, como cuando se hacen las cosas con cuidado y con el tiempo necesario", señaló Mata Carrasco.
Ante esta situación, las reformas a la Ley de Amparo podrían dificultar aún más las posibilidades de defensa de los ciudadanos afectados por los cambios en la legislación sobre el agua. Sin embargo, el funcionario indicó que se debe buscar la manera de que las autoridades sigan trabajando en mejorar los artículos contenidos en dichas leyes.
Mata Carrasco también criticó que se haya aprovechado la falta de la LGA para "meterle mano" a una Ley de Aguas Nacionales que, en su opinión, más que modificación, necesitaba ser aplicada. Señaló que a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le falta presupuesto y que cada año se le sigue quitando recursos.
La aprobación de la LGA y las reformas a la Ley de Amparo plantean un escenario complejo para los ciudadanos que busquen defender sus derechos en torno al uso y acceso al agua en el país. Expertos advierten que estas medidas podrían limitar las posibilidades de impugnación y generar un mayor descontento entre la población afectada.
