En la República Dominicana, la litigación temeraria, es decir, el uso de procesos judiciales sin fundamento y de mala fe con el fin de dilatar, presionar o causar daño, está claramente definida por la ley y puede ser castigada. Sin embargo, en la práctica, sus consecuencias reales siguen siendo mínimas o casi inexistentes, especialmente cuando se trata de abogados que, aun siendo condenados, continúan ejerciendo con absoluta normalidad, sin impacto reputacional, disciplinario ni profesional real.
Este año, varios casos volvieron a colocar este tema sobre la mesa. La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional sancionó por litigación temeraria y mala fe a los abogados Lilia Fernández Lora, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, junto a su representada María Amelia Hazoury Delgado. La sanción fue una multa de RD$1,000 pesos por persona, una consecuencia meramente simbólica.
Este no es un caso aislado. El abogado Ricardo Antonio Pellerano ha sido condenado siete veces mediante sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia por litigación temeraria, y aun así continúa ejerciendo como si nada hubiese ocurrido. Esto revela una contradicción estructural del sistema donde hay condenas, pero no hay consecuencias reales.
Los datos más recientes confirman que el problema es sistémico. En julio, siete abogados enfrentaron procesos ante el Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) por faltas graves a la ética profesional, luego de haber sido condenados por distintos tribunales civiles y penales por litigación temeraria. Dos de ellos, Rosanny Castillo de los Santos y José Franklin Zabala Jiménez, fueron sancionados por la Suprema Corte de Justicia, pero siguen ejerciendo normalmente.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué, si existen condenas firmes, procesos disciplinarios abiertos y un marco legal robusto, los abogados condenados por litigación temeraria siguen ejerciendo sin consecuencias reales? Mientras un abogado pueda sumar condenas por temeridad, pagar multas y seguir ejerciendo como si nada, el mensaje que recibe la sociedad es lamentable: el abuso sale barato. Se normaliza la trampa, se castiga al ciudadano que actúa de buena fe, se saturan los tribunales y se desprestigia una profesión que debería ser sinónimo de ética. Cuando la temeridad no tiene consecuencias reales, la justicia deja de ser un límite y pasa a ser un instrumento que algunos aprenden a manipular.
