El gobierno entrante de Honduras, encabezado por el presidente electo Nasry Asfura, ya perfila un recorte millonario al gasto público y una reingeniería profunda del aparato estatal. El mensaje es claro: no se trata de administrar lo existente, sino de desmontar y reordenar por completo la estructura del Estado hondureño.
El anuncio de este fuerte ajuste presupuestario y la reconfiguración institucional marca el tono de lo que será el inicio del nuevo gobierno. La narrativa oficial habla de eficiencia, racionalidad y orden, pero en la práctica, el plan implica revisar a fondo el gasto público, redefinir prioridades y cuestionar la estructura misma del Estado.
Según miembros del equipo de Asfura, el énfasis está en eliminar gastos considerados improductivos, contratos innecesarios y estructuras que duplican funciones sin generar un impacto real en la vida de los ciudadanos. El recorte proyectado asciende a decenas de miles de millones de lempiras, y representa una decisión política de alto costo, pues obliga a definir qué áreas sobreviven, cuáles se transforman y cuáles desaparecen.
Más allá del dinero, el verdadero cambio está en la intención de reordenar por completo el mapa institucional. El gobierno entrante plantea una revisión profunda de secretarías, direcciones y entes descentralizados, con el objetivo de tener un Estado más compacto, funcional y gobernable, capaz de responder con mayor rapidez y menos trámites.
Para lograrlo, se analizan fusiones, cierres y la redefinición de funciones que podrían modificar la arquitectura administrativa del país. Aunque el discurso de ajuste genera inquietud, el nuevo gobierno insiste en que no todo será recorte, y que sectores como salud, seguridad y programas sociales clave serán protegidos, al menos en el discurso inicial.
El desafío será demostrar que el reordenamiento no se traducirá en menos servicios para la población más vulnerable, sino en un uso más inteligente de los recursos. Ese equilibrio será determinante para la aceptación o rechazo del plan por parte de la sociedad.
La reingeniería del Estado no solo es un ejercicio administrativo, sino también una prueba de gobernabilidad que exigirá diálogo, claridad y una narrativa convincente para evitar conflictos tempranos. El gobierno entrante apuesta a que un Estado más pequeño será también más eficaz, pero entre la promesa de eficiencia y el riesgo de exclusión, el país entra a una etapa decisiva: la del Estado que se atreve a mirarse al espejo y decidir qué quiere ser.
