El Gobierno de Gustavo Petro ha dado un giro radical en la política económica de Colombia al decretar un aumento del 23,8% en el salario mínimo, elevándolo a 2 millones de pesos (aproximadamente 533 dólares). Esta medida, bautizada como "salario vital", ha desatado una ola de críticas y preocupaciones, pero también celebraciones, especialmente entre los sindicatos del país.
El aumento del salario mínimo beneficiará directamente a 2,4 millones de trabajadores, que representan el 10% de los asalariados en Colombia, así como a 90% de los pensionados, que están indexados al mínimo. Sin embargo, los expertos consultados por EL PAÍS advierten sobre los posibles efectos negativos que esta medida podría tener en la economía del país.
Jorge Restrepo, profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana, reconoce que el incremento tendrá un impacto positivo inicial en el bienestar de las familias, pero advierte que la alegría podría ser efímera si el aumento inyecta fuerza a la inflación. Esto podría ocurrir por dos vías: el encarecimiento de algunos sectores económicos que toman el salario mínimo como referencia, y el aumento de costos para proveedores de servicios en sectores como restaurantes, salud, educación o seguridad.
Hernando Zuleta, decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, es aún más crítico y califica el discurso oficial como "técnicamente incorrecto". Para Zuleta, un aumento que supera en 17 puntos a la inflación provocará una "gran caída en el empleo formal" y generará un "doble choque de oferta" que asfixiará a la pequeña y mediana empresa. Además, advierte que la nueva reforma laboral, que encarece las horas extras y los festivos, será un lastre adicional para las empresas.
Por su parte, Salomón Kalmanovitz, profesor emérito de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y excodirector del Banco de la República, califica el decreto como una "alza hiperbólica" y un ejercicio de "irresponsabilidad fiscal". En un contexto de déficit público cercano al 7% del PIB, Kalmanovitz critica que el Gobierno haya impuesto un reajuste real cercano al 20%, lo que generará una presión inflacionaria que obligará a mantener tasas de interés altas, agregando "un lastre al crecimiento".
Los expertos coinciden en que la medida, si bien puede tener un impacto positivo inicial en el bolsillo de los trabajadores, también podría generar efectos negativos en el empleo, la inflación y el crecimiento económico del país. Además, advierten sobre la herencia que deja esta administración, con un aumento de la deuda pública a tasas elevadas, lo que podría limitar las posibilidades de desarrollo del próximo gobierno.
