El debate sobre el salario mínimo en Guatemala es un ejercicio ético más que técnico, pues detrás de cada cifra hay una familia que lucha por llegar a fin de mes y una empresa que apenas logra sobrevivir. Este choque no es ideológico, sino estructural.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una familia promedio de cinco personas en Guatemala necesita alrededor de Q11 mil 162 mensuales para cubrir gastos básicos ampliados. Sin embargo, pretender que una persona pueda sostener a una familia de cinco con el salario mínimo es una ficción que ya nadie cree. El costo de la canasta básica, el transporte, la energía, la vivienda y la educación informal hacen que el ingreso se diluya antes de la mitad del mes.
Pero el otro lado del dilema es igual de real y mucho menos visible. Miles de pequeñas y medianas empresas tiendas, talleres, restaurantes, fincas, comercios familiares operan con márgenes mínimos, en un país caro para producir, formalizarse y barato para exigir. Para ellas, un aumento salarial no es una corrección moral, sino una amenaza existencial. No porque no quieran pagar más, sino porque no pueden.
Subir el salario mínimo sin una política integral de productividad, reducción de costos, energía competitiva, crédito accesible y combate serio a la informalidad no redistribuye riqueza; solo redistribuye el problema. El resultado no es justicia social, sino despidos, reducción de jornadas, contratación informal o cierre definitivo.
El desempleo no tardará en aparecer y empujará a miles de guatemaltecos a buscar oportunidades fuera del país. Cada aumento decretado sin respaldo económico real empuja a más guatemaltecos fuera del sistema formal, sin seguro, sin estabilidad y sin derechos. Es una paradoja cruel; medidas pensadas para proteger al trabajador terminan dejándolo más vulnerable.
En la mayoría de los casos, las empresas no absorberán el aumento salarial, lo trasladarán a precios. Para sostener planillas más caras, subirán el costo de productos y servicios. Al final, el ajuste no lo paga el Estado ni el empresario; lo paga el consumidor. Cuando los costos laborales suben sin que aumente la productividad, el mercado reacciona de una sola forma: encareciendo precios.
Este es el verdadero dilema moral del salario mínimo en Guatemala. No es elegir entre empresarios buenos o malos, ni entre trabajadores productivos o no. Es aceptar que el país no ha construido una economía capaz de pagar salarios dignos sin destruir empleo. Y mientras no se corrija ese fracaso estructural, cada enero repetiremos el mismo ritual: celebrar un aumento que no alcanza y lamentar un desempleo que crece.
El salario mínimo no puede seguir siendo el único instrumento de política social. Usarlo así es cargarle al sector más frágil las pequeñas empresas una responsabilidad que le corresponde al Estado, crear condiciones para que producir, crecer y pagar mejor sea posible.
