La Defensoría del Pueblo realizó una visita de supervisión al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau, luego de que se registrara un motín e intento de fuga en el establecimiento. Durante la inspección, el director del centro confirmó que no se produjeron fugas y que todos los adolescentes permanecen en sus respectivas áreas. Sin embargo, se constató la existencia de daños estructurales que comprometen la seguridad del personal y de los jóvenes, aumentando la vulnerabilidad del centro ante posibles futuros incidentes.
Ante esta situación, la Defensoría solicitó formalmente a la Policía Nacional del Perú reforzar el resguardo del establecimiento, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de los adolescentes y del personal, evitando cualquier acto que vulnere su dignidad.
Asimismo, se exhortó al Estado, a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a adoptar medidas inmediatas para mejorar las condiciones de habitabilidad del centro, mediante intervenciones en la infraestructura que aseguren el respeto y la protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.
El motín e intento de fuga en el Centro Juvenil Miguel Grau pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar las deficiencias en la infraestructura y seguridad de estos establecimientos, con el fin de garantizar el bienestar y los derechos de los jóvenes bajo custodia del Estado.
La Defensoría del Pueblo ha desempeñado un papel crucial al supervisar la situación y exigir acciones concretas por parte de las autoridades competentes. Es fundamental que el Gobierno responda de manera oportuna y efectiva a estas preocupaciones, para evitar que se repitan incidentes similares que ponen en riesgo la integridad de los adolescentes y el personal a cargo.
La visita de supervisión de la Defensoría del Pueblo es un paso importante en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a los centros juveniles en el Perú. Ahora le corresponde al Estado asumir su responsabilidad y tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de estos establecimientos y garantizar los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley.
