El Gobierno de Guatemala se enfrenta a importantes desafíos presupuestarios para el año 2026 después de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera temporalmente el decreto que aprobaba el presupuesto para ese año. Esto significa que regirá el presupuesto del 2025, que asciende a Q154 mil 836.6 millones.
La suspensión del presupuesto del 2026, que originalmente ascendía a Q163 mil 469.3 millones, se debe a dos amparos que señalaron vicios en el procedimiento de aprobación seguido en el Congreso. Esto limita la creación o ampliación de programas e inversiones, lo que obliga al Gobierno a trabajar en un reajuste presupuestario que permita alinear el gasto con las necesidades de la población.
Según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), en enero del 2026 se enviará al Congreso una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente y adaptarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del tercer año de gobierno. Esto implica una etapa de resolución de aspectos técnicos y legales, seguida de un cabildeo político para lograr la aprobación legislativa.
Mientras se aprueba el reajuste, el Gobierno priorizará el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, como el pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, salud, educación, seguridad y deuda pública. Sin embargo, analistas advierten que esto podría atrasar aún más la ejecución presupuestaria.
Uno de los retos clave será la readecuación del presupuesto para implementar, en la medida de lo posible, los planes operativos del 2026 con el nuevo techo presupuestario. Asimismo, deberá derogarse el Acuerdo Gubernativo 263-2025, que aprobó la distribución analítica del presupuesto del 2026, y aprobar una nueva distribución con base en el presupuesto vigente.
Además, podrían surgir dificultades para entidades descentralizadas, ya que algunas preveían aumentos presupuestarios y otras, como la Superintendencia de Competencia, se incluirían por primera vez.
El Gobierno de Guatemala ya enfrentó una situación similar en su primer año, cuando la Corte de Constitucionalidad suspendió el decreto del presupuesto del 2024, quedando vigente el del año anterior. En ese caso, se aprobaron cuatro ampliaciones presupuestarias durante el año.
Analistas como Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coinciden en que el Gobierno de Guatemala enfrenta importantes retos en la ejecución inicial del presupuesto, su readecuación y la dinámica política en el Congreso durante el 2026, lo que podría atrasar aún más la ejecución.
