El diálogo entre el Gobierno nacional y las autoridades locales es fundamental para abordar la grave crisis de seguridad que enfrenta el país. Anteponer diferencias políticas o personales por encima del bienestar de los ciudadanos es una "irresponsabilidad histórica", según expertos.
La ruptura del diálogo entre el presidente y los alcaldes de las principales ciudades no solo afecta las relaciones políticas, sino que también "quiebra la esperanza" de la ciudadanía que exige soluciones concretas a los problemas de violencia e inseguridad.
La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común requiere "coordinación, madurez política y sentido de Estado", señalan analistas. No se puede "administrar lo público como si fuera un botín" ni tomar decisiones "desde el enojo o el capricho".
Aunque la seguridad es competencia del Gobierno central, los gobiernos locales cumplen un rol clave en la prevención, el orden y la articulación con la comunidad. Negarse a dialogar con los alcaldes, incluso si alguno enfrenta procesos judiciales, es "desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y cerrar puertas a soluciones concretas".
El país necesita acuerdos y no silencios ni desplantes. La seguridad ciudadana no admite vetos políticos. Gobernar implica "servir al pueblo, sin excepciones ni cálculos mezquinos", concluyen los expertos.
