El gobierno del presidente Javier Milei publicó este viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que consagra más poder a los organismos de inteligencia, creando una nueva agencia de ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La medida, que entra en vigor de manera inmediata, establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) podrá requerir "asistencia o apoyo técnico y logístico de las fuerzas armadas, de seguridad federales y policiales". Además, se agrega una oficina de Ciberseguridad dentro de la Jefatura de Gabinete, a cargo del funcionario Manuel Adorni, cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad digital.
Según el decreto, los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) podrán "repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo" en los lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial. Además, se establece que todas "las medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman".
Para analistas, esta reforma implica una "reconversión del Estado Nacional en una megaestructura de Contrainteligencia", al punto de responsabilizar a todos los funcionarios públicos por las medidas de seguridad. Algunos consideran que esto podría derivar en un mayor control y vigilancia sobre diversos sectores, incluyendo sindicatos y organizaciones sociales.
Por otro lado, el decreto aclara que la información clasificada "no puede incluir datos que encubran sobornos y que no pongan en riesgo la seguridad o el interés nacional". Esto genera dudas sobre si la medida busca limitar el acceso a información relacionada con casos de corrupción.
En general, el DNU firmado por el presidente Milei representa un fortalecimiento de los poderes de inteligencia y seguridad del Estado, lo que podría tener implicaciones en el funcionamiento de las instituciones y la protección de los derechos ciudadanos. Expertos advierten que este tipo de medidas deben ser monitoreadas de cerca para evitar abusos y garantizar el respeto a las libertades democráticas.
