Las elecciones presidenciales de Honduras en 2025 estuvieron envueltas en una crisis electoral marcada por semanas de retrasos en los resultados, denuncias de injerencia extranjera y acusaciones de fraude. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nasry "Tito" Asfura, del centenario Partido Nacional, como el nuevo presidente del país.
Las elecciones, que tuvieron un costo de 150 millones de dólares para los hondureños, estuvieron plagadas de irregularidades y debilidades estructurales en la organización electoral. Tanto en las primarias de marzo como en los comicios generales de noviembre, se cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas, particularmente del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, acusado de "injerencia" por la presidenta del CNE.
Antes de las elecciones generales, el general Hernández le pidió al pleno del CNE que le entregaran una copia de los resultados a nivel presidencial, lo que generó sospechas de manipulación. Además, en las primarias de marzo, se reportaron irregularidades con microbuses contratados a última hora que transportaban material electoral, a pesar de que por ley las Fuerzas Armadas son las responsables de esa tarea.
La lentitud del escrutinio y las fallas técnicas en el conteo de votos alimentaron aún más las sospechas de fraude, mientras los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Rixi Moncada, del gobernante Libre, exigían un recuento voto por voto.
La situación se complicó aún más cuando, a tres días de las elecciones, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo público a Asfura y anunció posteriormente el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y armas. Sectores del partido Libre denunciaron estas acciones como una injerencia directa en el proceso electoral.
Analistas coinciden en que la crisis electoral de 2025 dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad del sistema democrático hondureño. Advierten que mientras los órganos electorales sigan controlados por los principales partidos políticos y las instituciones carezcan de autonomía efectiva, los comicios continuarán siendo foco de conflictividad y desconfianza social.
Con la elección de Asfura, el Partido Nacional, que había sido expulsado del poder en 2022, regresará al gobierno el 27 de enero de 2026. Este partido, que gobernó Honduras durante tres períodos consecutivos entre 2010 y 2022, ha sido salpicado por múltiples denuncias de narcotráfico y corrupción.
Por su parte, el partido Libre, que lideró el gobierno durante los últimos cuatro años, también ha sido cuestionado por presuntos actos de corrupción y el incumplimiento de muchas de sus promesas. Ahora, este partido pasa a ser oposición, en un escenario político marcado por la fragilidad democrática y la desconfianza ciudadana.
