El Gobierno nacional extendió hasta 2026 la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares contra alrededor de 5.000 clínicas, sanatorios, hospitales privados y centros de diagnóstico por deudas acumuladas con el fisco. Esta medida, en vigor desde 2002 tras la crisis económica, ha sido prorrogada en reiteradas ocasiones, sin que se defina una solución de fondo para el problema.
La resolución 2109/25 del Ministerio de Economía y la resolución 5806/25 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establecen que no se podrán iniciar juicios de ejecución fiscal ni trabar medidas cautelares por obligaciones tributarias y de seguridad social impagas hasta el 31 de julio de 2026. Esta prórroga llega justo cuando la actual medida vencía el 31 de diciembre.
Referentes del sector de la salud privada recibieron la noticia con alivio, pero también con preocupación, ya que ven que la solución se limita a extender periódicamente el "paraguas protector" sin abordar de fondo la irregularidad que se arrastra desde hace más de 20 años.
"Es una solución transitoria, bienvenida y necesaria hasta encontrar una manera de resolver el problema de fondo", afirmó Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS). Según Magonza, las deudas con el fisco siguen acumulándose sin ser condonadas.
Desde la asociación Adecra+Cedim se presentó una propuesta de consolidación de deudas entre el sector y el Estado, buscando contemplar tanto las obligaciones impositivas impagas como los saldos a favor de las entidades por el IVA pagado en sus compras, que no pueden descargar al estar sus clientes (obras sociales y prepagas) exentos o con alícuota reducida.
El economista Jorge Colina, de Idesa, afirma que no es posible saber cuál es hoy la deuda total acumulada, y considera que ARCA debería determinar ambos números y aprobar una normativa para la consolidación. Sin embargo, en su lugar se aprueban recurrentemente prórrogas, lo que para Colina es "la zona de confort" para evitar abordar el problema de fondo.
Jorge Cherro, presidente de Adecra, sostiene que la deuda con el fisco es "incalculable e impagable" luego de más de 20 años, y que exigir su pago sería "el quiebre generalizado del sector prestador privado", que atiende a dos de cada tres habitantes del país a través del PAMI, obras sociales y prepagas.
Cherro señala que el problema radica también en la acumulación de crédito fiscal de IVA que las entidades no pueden descargar, transformándose en una "verdadera paradoja" que el Estado se apropie de esos recursos sin resolver la crisis del sector.
