La decisión del régimen cubano de autorizar a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar como transmisora de dinero en la isla, permitiéndole incluso entregar dólares en efectivo a los beneficiarios, representa un giro significativo en la política financiera del país.
La Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba (BCC), publicada este martes en la Gaceta Oficial, otorga a Cubamax el permiso para "canalizar fondos, a través de instituciones financieras cubanas, para depósito en cuentas, tarjetas de débito o prepago", así como para "entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios".
Este movimiento sugiere un intento del gobierno de Miguel Díaz-Canel por apropiarse y recaudar divisas, así como canalizar los flujos monetarios bajo control estatal. Hasta ahora, Cuba ha mantenido restricciones sobre el ingreso de divisas en efectivo, particularmente dólares estadounidenses, bajo el argumento de que las sanciones de Washington dificultaban su uso internacional.
La autorización a Cubamax podría facilitar el envío de remesas desde Estados Unidos, país desde donde procede la mayor parte del dinero que llega a familias cubanas. Sin embargo, el Banco Central de Cuba mantiene discrecionalidad sobre tarifas, comisiones y otros aspectos del servicio, lo que podría limitar su efectividad real para los beneficiarios.
Pese al impacto potencial de esta decisión, la resolución publicada por el BCC omite información clave que determinará su alcance real. No se precisan las tarifas ni comisiones del servicio, si habrá límites por transacción, los plazos de entrega ni la disponibilidad territorial de las operaciones. Tampoco se aclara si los beneficiarios podrán recibir efectivamente los billetes en dólares o si las entregas se harán en pesos cubanos al tipo de cambio oficial.
Al dejar estos aspectos abiertos a futuras decisiones administrativas, el Banco Central mantiene un amplio margen de discrecionalidad sobre el funcionamiento del sistema. En la práctica, esto significa que los usuarios dependerán completamente de las condiciones que imponga el propio régimen, sin un marco regulatorio claro ni garantías de transparencia en el proceso.
La Resolución 135/2025 entrará en vigor durante la primera semana de enero de 2026, marcando un nuevo capítulo en la gestión de divisas en Cuba. Si bien se presenta como una medida transitoria, su implementación refuerza el control estatal sobre las divisas y podría aumentar la desigualdad económica, ya que solo aquellos con acceso a dólares podrán operar con flexibilidad en el mercado cubano.
