La polémica rodea a la diplomacia chilena luego de que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, exdirectora de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia, expresara públicamente su apoyo a la libre determinación del pueblo Rapanui. Sus declaraciones, contenidas en un libro y difundidas también en redes sociales, fueron interpretadas como una defensa de la secesión, lo que puso en entredicho el rol del cuerpo diplomático y la posición unitaria del Estado chileno.
Aunque el gobierno pidió borrar las publicaciones y realizó un reproche desde Cancillería, la embajadora no fue removida de su cargo, lo que ha generado cuestionamientos, ya que otros embajadores han sido destituidos por hechos menores.
En paralelo, la Fiscalía Occidente, junto a la PDI y Gendarmería, lidera la Operación Apocalipsis, una investigación que involucra a más de 70 personas, entre ellas más de 40 gendarmes en ejercicio. La gravedad del caso aumentó cuando se detectó una vulneración de seguridad en las dependencias utilizadas para la investigación, al encontrarse una puerta abierta y la posibilidad de acceso a información sensible no incorporada aún a la causa. Esto dio origen a una investigación paralela, ante la sospecha de filtraciones, destrucción de antecedentes o una señal intimidatoria desde el interior de la institución.
La polémica en torno a la embajadora y la investigación de la Fiscalía han puesto en evidencia la complejidad y los desafíos que enfrenta la diplomacia y las instituciones de seguridad chilenas en un momento de tensión política y social.
La posición de la embajadora, que ha sido interpretada como una defensa de la secesión de Rapa Nui, ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos y la necesidad de mantener una posición unitaria del Estado. Por otro lado, la investigación de la Fiscalía, que involucra a un número significativo de gendarmes, ha puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones de seguridad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Estos hechos reflejan la complejidad de los desafíos que enfrenta Chile en el ámbito diplomático y de seguridad, y la necesidad de abordarlos de manera transparente y con un enfoque de respeto a los derechos humanos y la democracia.
