La democracia peruana enfrenta una nueva crisis de credibilidad con la postulación de candidatos presidenciales que enfrentan serios cuestionamientos legales. Por un lado, Mario Vizcarra, hermano del ex presidente Martín Vizcarra, busca la presidencia a pesar de haber sido condenado por peculado. Por otro lado, Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, se presenta como candidato a pesar de ser un prófugo de la justicia desde hace más de dos años.
Esta situación refleja una grave degradación de la democracia peruana, donde personajes cuestionados por corrupción y con vínculos con el crimen organizado logran postular a los más altos cargos públicos. Martín Vizcarra, hermano de Mario y ex presidente de Perú, también está preso por corrupción, pero hasta hace poco hacía política libremente con una sorprendente aprobación ciudadana.
El escenario se vuelve aún más grotesco cuando se suma la candidatura de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien es un prófugo de la justicia desde hace más de dos años. Cerrón lidera su partido desde la clandestinidad, desafiando abiertamente al sistema democrático.
Estas situaciones plantean serios interrogantes sobre la salud de la democracia peruana. ¿Cómo es posible que candidatos con antecedentes penales y prófugos de la justicia puedan postular a la presidencia? ¿Qué dice esto de la calidad de nuestras instituciones y del compromiso de los ciudadanos con la democracia?
Los analistas advierten que esta degradación democrática no comienza en Palacio, sino en las urnas, cuando los electores normalizan y legitiman estas prácticas cuestionables. El voto se convierte entonces en una señal sobre el tipo de país que queremos construir.
Perú enfrenta un momento decisivo en su historia, donde deberá demostrar su compromiso con los principios democráticos y el Estado de Derecho. La responsabilidad recae sobre los hombros de los ciudadanos, quienes deberán elegir con conciencia y discernimiento en las próximas elecciones.
