Las comunidades indígenas del suroeste de Bolivia, donde se encuentra el mayor yacimiento de litio del país, están exigiendo al gobierno que los proyectos de explotación de este recurso incluyan estudios de impacto ambiental y la consulta previa a estas poblaciones. Temen que la extracción y procesamiento del litio puedan tener efectos negativos en la región, especialmente en la disponibilidad de agua.
Los pueblos indígenas de la provincia Nor Lípez, en la región de Potosí, han elaborado un proyecto de ley que busca garantizar su participación en los proyectos de litio y conocer los posibles impactos a futuro. Iván Calcina, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de la zona, explicó que los puntos clave son la consulta previa, libre e informada, y el estudio del impacto ambiental, ya que en leyes anteriores estos aspectos no estaban debidamente estipulados.
Según Calcina, son 14 comunidades ubicadas alrededor del salar de Uyuni, que contiene las reservas de litio, las que serían directamente afectadas por eventuales proyectos de explotación e industrialización. Su principal preocupación es la escasez de agua y otros problemas ambientales que podrían surgir.
Esta solicitud de las comunidades indígenas surge después de que el gobierno de Luis Arce firmara contratos con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio a través de la tecnología de extracción directa (EDL), sin haber realizado los estudios de impacto ambiental ni la consulta previa a los pueblos afectados, como lo establece la normativa boliviana.
Expertos en energía coinciden en que estos proyectos "no tienen las bases sólidas sobre el impacto ambiental", por lo que su puesta en marcha podría generar "grandes impactos para las comunidades".
El nuevo presidente, Rodrigo Paz, ha denunciado que en las gestiones anteriores "se robaron el litio" por la falta de resultados en la explotación e industrialización de este recurso. Ahora, las comunidades indígenas esperan que su proyecto de ley sea tomado en cuenta por las autoridades y que se les involucre en las decisiones sobre el desarrollo del litio, buscando proteger sus intereses y el medio ambiente.
