El reciente Decreto Supremo No. 5503 emitido por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, cuyo eje central es el aumento de los precios de los combustibles, ha generado una reacción mixta en la población. Por un lado, ha provocado el rechazo de diversos movimientos y organizaciones sociales, como la COB, los mineros y los profesores. Por otro, también ha recibido el apoyo de sectores importantes de la población boliviana.
Si bien no ha habido una aclamación unánime, tampoco se ha observado un abucheo generalizado. Según los analistas, las movilizaciones callejeras de oposición irán menguando hasta disiparse en proclamas, manifiestos y discursos difundidos a través de las redes sociales. Sin embargo, también se prevé que disminuirá la simpatía popular que se expresó, por ejemplo, en el abucheo de ciudadanos transeúntes a los bloqueos y marchas opositoras.
Esto sugiere que lo verdaderamente relevante en cuanto a la reacción popular está aún por venir, lo que hace necesario reflexionar sobre algunos antecedentes y posibles consecuencias del Decreto Supremo No. 5503.
El gobierno de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), intentó implementar un "capitalismo de Estado" fundamentado en el "popularismo", en lugar del "populismo". Mientras que el popularismo se refiere a la tendencia o afición a lo popular en las formas de vida, el arte y la literatura, el populismo implica una relación directa y personal entre un líder y las "masas", en la que el primero busca movilizar a las segundas mediante la manipulación de sus dificultades y pretensiones.
Durante el gobierno de Morales, el MAS utilizó y abusó del popularismo, construyendo una imagen deformada de lo indígena y de lo popular para disimular la mala conciencia de su aparato criollo y justificar, mediante triquiñuelas ideológicas, la manipulación de lo indígena: esto fue lo que se conoció como "pachamamismo".
En lo económico, el gobierno del MAS repartió recursos provenientes de la cooperación internacional, de sus amistades políticas y de los ingresos del IDH, sin realizar inversiones ni planes sostenidos de desarrollo. Esto derivó en una dilapidación de recursos y corrupción en su administración, como se evidenció en el caso del Fondo Indígena.
Ante este escenario, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira considera necesario un cambio de timón en la política económica, lo que se refleja en el Decreto Supremo No. 5503. Sin embargo, el éxito de este "cambio de timón" no radica únicamente en sus buenas razones y justificaciones, sino en que sea adecuado y sostenido en el tiempo.
Para ello, es necesario abandonar el popularismo y encaminar un populismo serio y respetable, que implique una nueva comprensión de la formación social boliviana. En este país, las clases sociales parecen estar determinadas por estamentos, y el poder ha excluido históricamente a los pueblos originarios.
En este contexto, la economía no puede desvincularse de lo sociocultural. La subvención a los combustibles, por ejemplo, fue una política implementada inicialmente en 1997 por el gobierno de Hugo Banzer para beneficiar a la empresa privada agroindustrial del Oriente boliviano, pero luego fueron los sectores mestizos y los indígenas emergentes quienes se apropiaron de esa "ayuda".
Por lo tanto, cualquier gobierno que pretenda poner en entredicho dicha subvención pone en riesgo su estabilidad, pues vulnera la manera perturbada en que se ha ido construyendo el orden social boliviano. Incluso el propio gobierno de Evo Morales intentó cortar la subvención a los combustibles en 2010, debiendo retroceder ante la masiva y violenta protesta popular.
Ante este escenario, las recientes protestas y manifestaciones contra el Decreto Supremo No. 5503 pueden considerarse casi triviales. Sin embargo, el verdadero problema para el nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira puede surgir después, si no se abordan de manera integral las reformas económicas y sociales, nacionales y estatales.
Para minimizar las protestas, el gobierno ha recurrido a algunas estratagemas, como dictar la medida entre feriados, prolongando algunos de ellos para reducir las movilizaciones populares, o mimetizar otras iniciativas económicas en el caldo del simple aumento de los precios de los hidrocarburos. También se ha comprometido con determinadas organizaciones sociales, como los cooperativistas mineros.
Sin embargo, estos intentos de "remendar un agujero profundizando el vacío de otros" evidencian un desconocimiento de las estructuras sociales y de sus mecanismos en Bolivia, lo que anuncia una catástrofe futura si no se remedia.
Es, pues, imprescindible un entendimiento y un contacto nuevo y diferente entre el poder y el pueblo. Es momento de ser populista de manera legítima y honrosa, estableciendo una relación adecuada entre el gobierno y la población, especialmente con los sectores populares e indígenas.
