La distribución de fentanilo contaminado en Argentina dejó más de un centenar de muertes, pero el tema pasó casi inadvertido en los grandes medios nacionales. Sin embargo, en Santa Fe no se le quitó la atención ni el acompañamiento a los familiares de las víctimas, quienes denunciaron la falta de transparencia, los obstáculos burocráticos y el profundo desamparo por parte de un Estado que no pudo garantizar la seguridad de los medicamentos.
La investigación parlamentaria y el trabajo del juez federal Ernesto Kreplak revelaron que el sistema sanitario argentino carece de una trazabilidad comercial efectiva de los medicamentos, de alertas tempranas y de controles integrados y oportunos. Además, las autoridades nacionales responsables, como el ministro de Salud Mario Lugones y la ANMAT, no se presentaron ante la comisión investigadora.
"Un Estado que no puede garantizar que un medicamento sea seguro para la vida de quienes lo necesitan está fallando en lo esencial", señaló la diputada provincial de Santa Fe, Varinia Drisun, quien preside la Comisión de Salud de la Legislatura. Las familias se sienten "víctimas del fentanilo, pero también de un Estado ausente".
La desregulación, el ajuste de plantillas y el debilitamiento de los organismos de control han impactado directamente en la vida de las personas. Drisun afirma que no se puede naturalizar que los controles queden en manos de quienes producen y comercializan los medicamentos, ya que "el lucro no puede ni debe prevalecer sobre la salud pública".
Entre las recomendaciones de la comisión nacional por el fentanilo contaminado se encuentran la formalización de la ANMAT por ley, la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización, la creación de una red de articulación entre el sector público y privado, y la digitalización de las historias clínicas con sanciones para quienes incumplan.
Drisun destaca la necesidad de avanzar con normativas propias en la provincia de Santa Fe, que generen mayor seguridad en el acceso a los medicamentos, mejoren la fiscalización y protejan a las comunidades frente a cualquier riesgo sanitario evitable. Además, propone incluir en una futura ley de Salud provincial mecanismos de acompañamiento integral a las víctimas y sus familias, y garantizar la transparencia de todos los procesos sanitarios.
"La defensa de la salud pública es inseparable de la idea de un Estado presente, solidario y responsable. La ausencia de controles mata. Convertir este dolor en políticas públicas concretas no es una opción: es una obligación", concluye la diputada.
