El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, presentó el Decreto Supremo 5503 como el punto de partida de un nuevo modelo de país, con el que el Gobierno busca revertir la crisis económica, institucional y de confianza que, según su diagnóstico, atravesó Bolivia en los últimos años.
Sin embargo, desde su promulgación, la norma ha generado reacciones diversas en distintos sectores sociales y productivos, con protestas y acuerdos parciales, aunque la mayoría continúa manifestando su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz y las medidas que han permitido, en el caso de los combustibles, reducir drásticamente las colas en los surtidores, aunque a un alto costo para el bolsillo de los bolivianos.
Espinoza sostuvo que el decreto marca un quiebre con el pasado reciente y coloca nuevamente a la población en el centro de las decisiones económicas. Según el ministro, el país estuvo atrapado en un "Estado tranca", donde "la burocracia, la corrupción y la discrecionalidad habían reemplazado al servicio público", lo que generó problemas como la escasez de combustibles, la inflación, la caída de las reservas internacionales y el deterioro de la confianza en las instituciones.
"Este decreto no maquilla esa realidad: la reconoce, la nombra y actúa en consecuencia", señaló Espinoza, al tiempo de remarcar que el nuevo enfoque busca compatibilizar estabilidad macroeconómica con justicia social. En ese sentido, el ministro apuntó que las medidas de estabilización financiera y monetaria estarán acompañadas de un "escudo social", que incluye el incremento de la Renta Dignidad, el fortalecimiento del Bono Juancito Pinto y la creación de transferencias extraordinarias focalizadas.
Otro de los ejes del decreto, según Espinoza, es el cambio en la relación entre el Estado y el aparato productivo, ya que plantea dejar atrás un esquema de control excesivo y avanzar hacia una "confianza regulada", con la eliminación de trámites innecesarios, la aplicación del silencio administrativo positivo, ventanillas únicas y plazos definidos. "El Estado deja de ser un obstáculo y pasa a ser un facilitador", agregó.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene una postura de firme rechazo al Decreto 5503, principalmente por la eliminación de la subvención a los combustibles, lo que ha provocado alzas significativas en los precios del gas y el diésel. La organización sindical cumple jornadas consecutivas de movilización en La Paz y otras ciudades, ratificando la exigencia de abrogación del decreto y anunciando nuevas medidas de presión, incluida la posibilidad de ampliar huelgas y estrategias de lucha.
A diferencia de la COB, algunos sectores sociales y productivos optaron por negociar con el Ejecutivo o no adherirse a las protestas. En Cochabamba, dirigentes del transporte pesado anunciaron que no participarían del paro y firmaron un acuerdo con el Gobierno para socializar la aplicación del decreto y evaluar medidas de beneficio para el sector.
Frente a la protesta y las tensiones, el Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, aunque ha señalado que el Decreto 5503 "no se modifica, no se deroga, pero se puede mejorar" en aspectos específicos, manteniendo su posición de base para continuar con la implementación de las medidas económicas.
