La próxima elección general del 12 de abril de 2026 en Perú se perfila como un verdadero desafío para la democracia, con la participación de nada menos que 38 organizaciones políticas aptas para competir. Lejos de ser una "fiesta democrática", este escenario representa un caos que pone en riesgo la institucionalidad y la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas.
La proliferación de partidos y candidatos es el resultado de las reformas políticas y electorales impulsadas durante el gobierno de Martín Vizcarra, quien, junto a un grupo de "ilustres" expertos, intervinieron instituciones clave como la Reniec, la ONPE y el JNE con el objetivo de preservar su hegemonía en el manejo del Estado. Estas medidas han tenido el efecto contrario, generando una atomización extrema del mensaje programático y una campaña vacía de propuestas concretas.
Con 38 organizaciones políticas, 76 vicepresidentes, 4,940 aspirantes a diputados, 2,280 al Senado y 190 al Parlamento Andino, el escenario electoral se asemeja a un "festín de números preferenciales" que augura un caos sin precedentes. La logística requerida para organizar esta elección es abrumadora, con 91,000 mesas de votación que necesitarán 273,000 ciudadanos como miembros de mesa. Surge la duda de si alguna agrupación podrá cubrir el 100% de estas mesas con personeros propios, lo que podría dar pie a impugnaciones, retrasos en el conteo y una peligrosa incertidumbre en la proclamación de resultados.
Los analistas políticos coinciden en que este experimento electoral, lejos de fortalecer la democracia, la está socavando. La atomización del voto y la falta de propuestas concretas por parte de los partidos generarán un escenario de "canibalismo electoral", donde la campaña será estéril y carente de valor real para el ciudadano.
Queda claro que el objetivo de las reformas impulsadas por Vizcarra y sus "expertos" no fue fortalecer la democracia, sino más bien preservar su control sobre las instituciones del Estado. El resultado es un caos que pone en riesgo la estabilidad y la capacidad de los peruanos de elegir a sus representantes de manera informada y transparente.
