A pocos meses del fin del Gobierno del presidente Gabriel Boric, el balance legislativo en educación resulta desalentador. Durante este período, han sido escasas las iniciativas que han logrado transformarse en ley y ninguna ha generado mejoras sustantivas en la calidad del sistema educativo chileno.
El año 2022 pasó sin mayores avances, con un Gobierno preocupado y condicionado por el resultado del proceso constituyente. Fue recién en 2023 cuando se presentó una iniciativa relevante: el proyecto que estableció un sistema único de evaluación docente, hoy ley de la República. Sin embargo, lo que finalmente se hizo fue suprimir el componente evaluativo del sistema, manteniendo únicamente los mecanismos de promoción, perdiendo así un elemento clave para la medición y mejora de la calidad docente.
Durante 2024 se sumaron nuevos proyectos a la agenda legislativa del Ministerio de Educación, como la modificación al Sistema de Educación Pública, que continúa en discusión en el Congreso y que se considera la más relevante que le queda al Gobierno en materia educacional. También se presentó el proyecto de convivencia escolar, que ha sido objeto de múltiples críticas por parte de diversos actores del mundo educativo, debido a la falta de recursos y la excesiva burocratización.
Quizás el proyecto más controvertido fue el anunciado "Fin al CAE", ahora conocido como "FES", un nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior que ha sido ampliamente rechazado. Este sistema crea un impuesto a los graduados, quienes deberán pagar hasta un 8% de sus ingresos por 20 años, lo que representa un riesgo significativo para el sistema de educación superior y para las finanzas públicas.
En resumen, el balance legislativo del Gobierno de Boric en educación es decepcionante. Ninguna de las iniciativas presentadas ha logrado generar mejoras sustantivas en la calidad del sistema educativo, y el futuro de proyectos como la modificación al Sistema de Educación Pública y el controvertido FES aún se encuentra en duda.
